La conmoción internacional, y desde luego local, causada por el impacto de los aviones comerciales contra las Torres Gemelas, se convirtió en el golpe necesario para que la Casa Blanca se aventurara a implantar la democracia liberal en el Medio Oriente.
La guerra contra el «terror» es un hecho inédito: no se combate contra un país ni contra un ejército y el campo de batalla no está definido. Las invasiones a Irak y Afganistán no dejaron prisioneros de guerra, sino «combatientes enemigos».
Este matiz no solamente permitió que el departamento de Estado norteamericano dejara de lado la Convención de Ginebra y diera luz verde a las torturas, sino que, ante tal ambigüedad, el dedo inquisidor de Bush sería el responsable de identificar quiénes eran los enemigos.
La guerra contra el «terror» consistió en defender suelo norteamericano fuera de Estados Unidos y vincular la tarea de defensa del país con una cruzada internacional contra los «terroristas».
«Año cero», «tabla raza» y «página en blanco» fueron algunas de las expresiones frecuentemente utilizadas por los voceros de la administración Bush. El mercado se encargó de reescribir la historia y fue precisamente después del 11 de septiembre de 2001 que las empresas extranjeras aprovecharon para «irrumpir» en la economía asiática.
La guerra por la defensa de Estados Unidos se libró en el extranjero mientras el país consolidó un sistema de seguridad dirigido por el sector privado.
Al finalizar 2003, año de la invasión a Irak, el gobierno estadounidense había otorgado 3.512 contratos a empresas privadas por «conceptos de servicios de seguridad». En 2006 el número de documentos de esta naturaleza ya rondaba los 115.000. Ese año la industria de la seguridad facturó 200 mil millones de dólares.
El negocio de la guerra amplió su campo de maniobra: no sólo se enriquecerían los fabricadores de aviones o armas. Las empresas encargadas de la «reconstrucción» de las naciones arrasadas y las organizaciones humanitarias también se llevaron un buen tajo del dinero dispuesto para pacificar al Medio Oriente y garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con un informe revelado en 2008 por The New York Times, titulado Hard Lessons: The Iraq reconstruction experience, el gasto para levantar la infraestructura del país árabe fue de 100 billones de dólares, el más alto desde al puesta en acción del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial.
AVN
