40 inspecciones y fiscalizaciones se han realizado en el estado Carabobo como parte de la activación de los Círculos de Lucha que participan en el dispositivo Navidades Felices 2014, a través del cual el Gobierno Nacional combate la especulación y garantiza el acceso oportuno a bienes y servicios.
El coordinador estadal de la Superintendencia de Precios Justos, Carlos Hernandez, informó que en el comercio formal se aplicaron multas por el orden de las 2.000 unidades tributarias entre los comercios visitados.
Entre las irregularidades que acarrearon estas sanciones mencionó la usura, la falta de habladores de los productos, la negativa de facilitar información contable a los fiscales y funcionarios activados, entre otros.
Hernández también señaló que durante estas primeras jornadas decomisaron 500 pares de zapatos en una reconocida zapatería ubicada en el centro de Valencia, debido a que carecían de la documentación necesaria para demostrar la procedencia de esa mercancía.
A nivel de la economía informal, el coordinador de la Superintendencia dijo que fueron retenidos 1.600 productos que eran comercializados en la economía informal y que entran en los rubros que prohibe el decreto presidencial, específicamente alimentos y productos de aseo personal.
De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los trabajadores informales está respetando lo establecido en la Gaceta Oficial.
«Se ha encontrado bastante receptividad y conciencia de parte del pueblo honrado y trabajador, que ha reconocido ese decreto y ha visto que esa disposición del Gobierno Nacional busca el bienestar del pueblo venezolano», expresó.
Las visitas de los fiscales, inspectores populares, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y consejos comunales que integran los 30 círculos de lucha activados en Carabobo para este dispositivo ha visitado a establecimientos comerciales del casco central de Valencia así como centros comerciales de la entidad.
El coordinador de la Superintendencia en Carabobo informó que la tarde de este sábado se desarrolla un procedimiento de retención de una significativa cantidad de productos básicos en el municipio Puerto Cabello, que pretendía ser transportados ilegalmente en una lancha.
Para el momento de las declaraciones, los fiscales se encontraban cuantificando los productos decomisados, por lo cual el vocero de la Superintendencia no precisó la cantidad de alimentos retenidos en el municipio costero de Carabobo.
