Fedecámaras tuvo este martes un directorio cuya decisión se convierte en una suerte de boicot a la Ley Orgánica de Precios justos, promulgada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para permitir que los venezolanos puedan comprar alimentos y artículos de primera necesidad a precios ajustados a los costos de producción con un margen de ganancias al empresariado de hasta un 30%.
La decisión de Fedecámaras fue informada por el presidente de la organización, Jorge Roig, señalado de formar parte de la ola especulativa que el año pasado hizo que empresarios y comerciantes del país vendieran productos esenciales con hasta 1.200% por encima de su valor real.
En rueda de prensa, Roig anunció que la organización demandará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos.
Sin mostrar ninguna disposición a crear un clima adecuado para equilibrar la economía, Roig calificó de «perverso» que el Gobierno promueva precios justos, porque «eso no ha funcionado jamás y tampoco va a funcionar en Venezuela», amenazó.
Para justificar su posición, criticó que el Estado se disponga a exigir solvencias de precios justos, sobre todo porque sería un paso previo para la asignación de dólares preferenciales.
Se quejó de que «una vez que te entregan la solvencia es que tú puedes aspirar a los dólares».
«Además», continuó, «aleja todo tipo de inversiones. Ningún empresario, ni ningún inversionista quiere presentar una estructura de costos discrecional».
En un intento por ganar simpatías y alianzas para su defensa de precios irracionalmente altos, Roig también expresó su oposición a la ley con base en el viejo discurso de miedo de que el Gobierno expropiará pequeños negocios.
