El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, expresó este lunes que las fuerzas de Seguridad del Estado y las instituciones públicas trabajan en la recuperación de la tranquilidad del estado Táchira, luego de una serie de acciones violentas y vandálicas que han tenido lugar en la entidad andina desde finales de enero.
«En San Cristóbal vamos volviendo a la normalidad (…) Lo decretaremos un territorio libre de violencia», dijo el ministro durante su programa A Toda Vida Radio, transmitido por el circuito radial Radiorama.
El ministro señaló que a través de la Gobernación del estado se están «recuperando los espacios públicos, y ya se han aprobado recursos para eso».
«Hemos venido trabajando intensamente para llevar la paz a los ciudadanos tachirenses», insistió el ministro.
En este punto, Rodríguez Torres llamó a todos los ciudadanos a participar en las jornadas por la paz que emprende el Gobierno para consolidar la tranquilidad en el país.
«Jamás habrá una razón que justifique matarnos. No dejen que los manipulen en este tipo de actuaciones», dijo.
«Sabemos que la planificación de esto obedece a grupos políticos, que saben que jamás alcanzarán por la vía electoral el poder. Su único camino siempre ha sido la violencia y el terrorismo, la manipulación psicológica para llegar a lo que no pueden hacer por la vía constitucional», agregó Rodríguez Torres.
Señaló que todos los cuerpos policiales y de seguridad del Estado respetan los derechos humanos, por lo que apuntó a que aquel funcionario que «no lo haga se le aplicará todo el peso de la ley».
Durante el programa radial, Rodríguez Torres conversó con el director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Joel Espinoza, quien explicó las acciones terroristas promovidas por la ultraderecha.
Espinoza precisó que de las 39 personas asesinadas, seis resultaron muertas por la colisión de sus vehículos y motos contra las barricadas que estos grupos violentos levantan, mientras que cinco personas fallecieron por intentar limpiar los escombros dejados por las barricadas.
Para combatir la violencia y el terrorismo en Táchira, el Gobierno Nacional instaló en la referida entidad la Conferencia Nacional de Paz.
Del mismo modo, el Tribunal Supremos de Justicia (TSJ), ordenó la captura del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien estará 12 meses privado de libertad por desacatar el amparo constitucional que lo obligaba a impedir guarimbas en su jurisdicción; además, queda separado de su cargo.
Ceballos se negó a garantizar el orden público y la paz a los habitantes de su municipio e incluso aupó públicamente las acciones de los grupos violentos, que han causado la muerte de 37 personas en todo el país, en ataques que incluyen desde colocar guayas para degollar motorizados hasta tiros de gracia a quienes intentan liberar vías bloqueadas.
La decisión sobre el alcalde de la capital tachirense, tomada por la Sala Constitucional, se aplica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece prisión entre seis y 15 meses para quien incumpla un amparo constitucional.
AVN
