Desde este viernes hasta el domingo se desplegarán por todo el país inspectores de la Superintendencia Nacional de Precios Justos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como parte de la segunda etapa de la Ofensiva Económica impulsada por el Gobierno Bolivariano, con el fin de proteger a los venezolanos de la guerra emprendida por sectores de la derecha que se expresa en el acaparamiento, la especulación y el contrabando.
Esta nueva ofensiva recorrerá el territorio nacional para verificar que los comercios cumplan con la Ley de Precios Justos, que entró en vigencia el 23 de enero pasado y establece un margen máximo de ganancia de 30%.
En cadena de radio y televisión, desde la plaza O’Leary en Caracas, en donde el pueblo se reunió para celebrar el Día Internacional del Trabajador y las reivindicaciones obtenidas con la llegada de la Revolución, el presidente Nicolás Maduro exhortó a los trabajadores a organizarse, hacer un doble esfuerzo y a denunciar a los corruptos.
«Que nadie se equivoque conmigo, aquel que descubra en planes conspirativos, en planes de acaparamiento o en planes de saboteo le vamos a aplicar la ley», comentó.
En este sentido, pidió el apoyo del pueblo revolucionario sumarse a la ofensiva para establecer los precios justos.
«Llamo a la racionalidad y al respeto a la Ley de Precios Justos. Esta Ley está aquí para hacerse respetar y pido al pueblo que sea el primero (que actúe) para hacerla respetar», subrayó.
El miércoles 30 de abril, desde los patios y talleres de la estación Propatria del sistema de transporte subterráneo Metro de Caracas, Maduro refirió que la especulación y el acaparamiento no tienen justificación, ya que los empresarios compran los productos con divisas oficiales a través de los esquemas implementados por el Gobierno nacional para atender a los sectores productivos del país.
«No hay justificación para que lleguemos a un lugar, teniendo ya tres meses con esta Ley de Precios Justos, y que uno consiga la carne a 300% de aumento», dijo.
Una ley para la defensa del pueblo
Maduro dictó a inicios de año la Ley Orgánica de Precios Justos, vía Habilitante, para garantizar el desarrollo equilibrado de la economía nacional y con el fin de poner freno a la guerra económica, que pretendió acabar con la Revolución Bolivariana a través del sabotaje en aspectos esenciales para el pueblo.
El instrumento legal se promulga luego de la primera etapa de la ofensiva económica, iniciada en noviembre pasado, que incluyó jornadas intensas de inspecciones para erradicar la usura.
Los precios de los productos, a los cuales los empresarios pretendían sacarle hasta 7.000% de ganancia, se ajustaron para proteger el salario de los trabajadores.
El instrumento legal, que se aplica a las personas y empresas que desarrollan actividades económicas en Venezuela, contempla penas de prisión de ocho a diez años para aquellos que vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los fijados por la Superintendencia de Precios Justos, ente que nace por mandato de la Ley.
También serán sancionados con ocupación temporal hasta por 180 días y multa de entre 1.000 y 50.000 unidades tributarias (actualmente cada UT es de 127 bolívares).
Las mismas sanciones recibirán quienes restrinjan la oferta y distribución de bienes regulados, para provocar escasez o distorsiones en sus precios.
Entre los delitos previstos están también el contrabando de extracción (para el cual se establece prisión de 10 a 14 años), la reventa de productos de primera necesidad (cuyo castigo incluye una multa de entre 200 y 1.000 UT) y la usura (que se pena con prisión de cuatro a seis años).
AVN
