La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó este lunes que las 142 investigaciones que inició el Ministerio Público (MP) a partir de los hechos violentos propiciados por la derecha desde el 12 de febrero, han avanzado satisfactoriamente, garantizando la justicia en cada uno de los casos.
Durante una entrevista para el programa Con el Mazo Dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, Ortega Díaz precisó que algunas de las 142 investigaciones iniciadas por violación de derechos fundamentales «ya concluyeron e incluso se formularon algunas acusaciones».
Especificó que en total se han presentado 98 acusaciones, en las cuales han resultado implicadas 294 personas.
«Presentamos 24 sobreseimientos para 64 personas, incluso se han acusado a individuos por la muerte del joven Basil Da Costa (asesinado el 12 de febrero en las cercanías de la Fiscalía en Caracas) y de otros seis fallecidos. Estamos trabajando para que haya justicia, no solamente para los casos de derechos fundamentales, sino de toda la ciudadanía», añadió.
Manifestó que los avances en el esclarecimiento de los hechos en los que se han visto presuntamente implicados funcionarios públicos evidencian el interés que tiene el Estado venezolano en que se imparta justicia.
En este sentido, informó que este lunes fueron presentados ante el MP los efectivos de seguridad presuntamente implicados en la muerte de la joven Geraldine Moreno, ocurrida el pasado 22 de febrero durante las guarimbas propiciadas por la derecha en Valencia, estado Carabobo.
Asimismo, recordó que por la violencia de grupos de extrema derecha en el país se registraron 41 fallecimientos, entre ellos ocho funcionarios públicos, la mayoría pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana y un fiscal de la institución que representa.
También mencionó que la cifra de heridos se eleva a 758 individuos, 275 funcionarios públicos y 510 civiles, a los que se les suma los lesionados durante el incendio de un vehículo de la GNB en Chacao, estado Miranda, y el incendio de la biblioteca de la Universidad Fermín Toro en el estado Lara, ocurridos este lunes y no cuantificados al momento de la entrevista.
La fiscal indicó que todas las instalaciones atacadas desde el pasado 12 de febrero se tratan de instituciones que brindan servicios a los sectores más humildes del pueblo venezolano, y aquellas que sirven a la educación y las luces.
Precisó que hasta la fecha, 197 personas se encuentran detenidas, de las cuales solo 14 han demostrado ser estudiantes, cifra que significa solo el 7% del total de privados de libertad.
«El Estado ha mostrado transparencia, no quiere ocultar nada y quiere demostrarle la verdad al país y al mundo», sobre los acontecimientos que «no fueron manifestaciones pacíficas, sino en los que se escenificó la violencia y lo demuestra la incautación de más de 2.000 armas, objetos incendiarios y explosivos», apuntó.
Nexos de J.J Rendón y el narcotráfico
La fiscal también informó que el Ministerio Público investigará los presuntos nexos que J.J Rendón, asesor predilecto de conocidos políticos derechistas de Venezuela, Colombia y Centroamérica, tiene con el narcotráfico.
El pasado sábado el diario El Espectador publicó documentos que precisan cómo Rendón recibió 12 millones de dólares hace tres años de manos de tres capos para, presuntamente, conseguirles con el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia un acuerdo de rendición a cambio de la no extradición.
«El pueblo puede tener la confianza, la seguridad, certeza de que vamos a hacer justicia, se van a hacer unas investigaciones serias y responsables. El imputado puede tener la seguridad de que vamos a actuar apegados a la Constitución y a la ley con objetividad, con imparcialidad, con transparencia», dijo.
También refirió que Rendón está solicitado por presunto abuso sexual, delito previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, por lo cual la justicia venezolana instó, el pasado 9 de enero, a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) a que lo incorporara en el código rojo, con el que podía ser capturado en cualquier puerto o aeropuerto internacional por el que pretendiera desplazarse.
Sin embargo, el 19 de febrero Interpol lo sacó del código rojo alegando que los delitos imputados al individuo son relativos a crímenes de derecho común.
AVN
