Del 1° al 31 de julio, los funcionarios con cargos de alto nivel o de confianza en órganos y entes del Poder Público nacional, estadal y municipal, deberán realizar su Declaración Jurada de Patrimonio ante la Contraloría General de la República.
Javier Esteva, Contralor Provisional del estado Mérida, resaltó este martes en entrevista con AVN que la DJP se realiza a través del portal web www.cgr.gob.ve de conformidad con la Resolución N° 01-00-000055 de fecha 17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.153 del 24 de abril del mismo año.
«Este es un mecanismo que nos permite afianzar la lucha contra la corrupción, por lo que hacemos un llamado a todas las autoridades para que cumplan con este tramite en el lapso que va del 1° y 31 de julio. Es importante aclarar que la DJP no tiene excepción fuera de los días hábiles, ya que desde el año 2009 se ha implementado un sistema en línea disponible las 24 horas del día incluyendo sábado y domingo», recalcó Esteva.
Destacó que la DJP es una relación detallada de todos los activos y pasivos de los funcionarios públicos, los cuales deben ser declarados ante la CGR, único órgano habilitado y autorizado para exigirla.
«Dos años atrás se hizo un proceso de actualización con todos los cuerpos policiales del país, posteriormente se hizo con el Ministerio Público y venimos trabajando con otros sectores, con el objetivo de sincerar la cantidad de personas que integran la administración pública y cuál es su patrimonio», agregó el Contralor del estado.
Detalló que la DJP se realiza en tres momentos a saber: En los 30 días subsiguientes al ingreso del funcionario a la administración pública, durante la gestión a través de los procesos de actualización anual y al momento del cese de funciones, que también contempla un lapso de 30 días.
Esteva explicó que la actualización de la DJP a través de Internet es una modalidad que se aplica desde el año 2009 y constituye un aporte a la labor del máximo organismo de control fiscal del país, encargado de velar por la buena gestión y el correcto uso de los recursos públicos.
Esteva resaltó que con la automatización de la DJP se ha alimentado el Sistema de Registro de Órganos y Entes y se ha fomentado la corresponsabilidad entre la contraloría, las instituciones y los funcionarios públicos.
«Antes no había cómo hacer un seguimiento efectivo, ahora a través del sistema sí, porque a través del SISROE las instituciones pueden verificar si sus funcionarios cumplieron o no con esta obligación», comentó.
El incumplimiento de la declaración y el reporte de información falsa a través de la misma, puede acarrear multas de entre 50 y 500 unidades tributarias, además de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria que establezca la Ley Contra la Corrupción.
AVN
