La Superintendencia de Precios Justos extendió la medida de ocupación temporal al concesionario La Venezolana, ubicado en la carretera Panamericana, en el estado Miranda, por la presunta comisión de legitimación de capitales, asociación para delinquir y estafa a unos 5.400 venezolanos.
La medida, publicada en la Gaceta Oficial 40.435, se sustenta en el hecho de que los dueños, administradores, gerentes o responsables de la empresa no han dado respuesta a los afectados por las irregularidades presentadas con relación a la preventa de vehículos, y se fundamenta en la Ley Orgánica de Precios Justos.
El Estado designó a una Junta Administradora, conformada por siete personas y que actuará por 180 días, en aras de garantizar la protección del pueblo ante prácticas de boicot, usura, acaparamiento, desinformación y cualquier otra distorsión que afecte el acceso a los bienes y servicios, indicó una nota de prensa.
Esta junta asumirá la dirección y administración temporal del concesionario, así como de los fondos de comercios, sucursales, agencias y empresas filiales relacionadas con la compañía. También deberá determinar el pasivo y activo del concesionario y mantener la continuidad de las operaciones.
Además, tendrá que presentar informes mensuales de su gestión al superintendente de Precios Justos, Dante Rivas, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
En mayo pasado, el Gobierno ordenó una primera medida de ocupación sobre La Venezolana al detectar que esta empresa cometió una presunta estafa, pues ofreció en venta vehículos que aún no estaban en el país a 5.956 personas, quienes pagaron una inicial de 30% para la adquisición del bien, informó entonces el jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, Hébert García Plaza. Esto representó para la empresa un ingreso de 992 millones de bolívares.
En aquel momento, García Plaza explicó que tras una investigación, descubrieron que la empresa no había realizado ningún trámite para la importación de vehículos.
Hasta la semana pasada, 5.444 personas habían acudido al Ministerio Público (MP) para colocar su denuncia, indicó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Las cuentas bancarias de la empresa y las de sus dueños fueron bloqueadas y se dictaron medidas legales contra del patrimonio de los titulares y varias órdenes de captura contra un grupo de personas involucradas en el caso.
AVN
