El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó cuatro averiguaciones administrativas a medios de comunicación y autorizados de partidos políticos por pautar propaganda electoral por encima del tiempo y espacio establecidos en el reglamento especial de la campaña.
Las averiguaciones serán contra Venezolana de Televisión y Correo del Orinoco, por tratarse de medios que presuntamente emiten propaganda electoral por cuenta propia utilizando la imagen de uno de los candidatos.
Los otros dos expedientes guardan los casos de los autorizados de las organizaciones que respaldan al candidato Henrique Capriles.
Como es sabido, cada partido político tiene un encargado de pautar la propaganda de sus abanderados en los medios de comunicación.
El autorizado por Primero Justicia excedió la contratación de publicidad en el diario Últimas Noticias, periódico de tipo tabloide, en el cual, de acuerdo al reglamento, sólo puede anunciarse una página de propaganda diaria.
Igual ocurrió con otro de los autorizados (aún no se determina de qué partido), quien contrató pautas de Capriles de hasta 260 segundos por más de una semana en el canal Televén, aun cuando lo legal son 180 segundos, que equivalen a los tres minutos diarios acordados para hacer promoción en televisión.
La vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblitas, explicó que estas dos últimas averiguaciones no son contra los medios de comunicación, sino contra los autorizados, e indicó que se abrieron producto del monitoreo y seguimiento que el Consejo Nacional Electoral (CNE) viene haciendo de la campaña.
Una vez abiertos estos procedimientos, se establece un lapso de tiempo «justo para que cada quien pueda alegar lo que considere», expuso la rectora.
Agregó que un procedimiento administrativo «no significa una sanción ni señalamiento de responsabilidad», sino que es simplemente «el inicio de una averiguación».
El artículo 287 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) indica que tras la aprobación de la averiguación administrativa, se hace la notificación al o los presuntos infractores, de manera de que en los cinco días hábiles siguientes presenten sus alegatos.
Vencido este lapso, se otorgan diez días hábiles más para elaborar un «proyecto de decisión» que deberá ser presentado ante el CNE dentro de los cinco días hábiles posteriores.
