La Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Precios Justos implementarán un plan piloto en seis estados del país para combatir las mafias de acaparamiento y la reventa de productos básicos a precios especulativos, conocidas como bachaqueo.
El defensor del pueblo, Tareck William Saab, ofreció la información este martes, donde precisó que este plan se ejecutará tanto en entidades de baja densidad poblacional como en otros estados que tienen gran cantidad de habitantes.
“Vamos a actuar de manera coordinada en un trabajo de combate a las mafias bachaqueras en favor de los derechos humanos de los usuarios”, resaltó Saab.
Detalló que esta iniciativa nace a partir del trabajo que ha venido realizando la Defensoría, con el cual se ha detectado este tipo de modus operandi que afecta la justa adquisición de productos básicos por parte de los ciudadanos.
“Durante 2015 y 2016, hemos realizado 5.200 inspecciones a mercados, automercados, cadenas de abastos privados y públicos para tener un panorama más amplio de la situación. Eso nos arrojó un diagnóstico donde, por ejemplo, detectamos que sí existen mafias que toman los primeros 100 ó 200 primeros puestos (de las colas) a través listas y con complicidad interna de empleados de esos grandes supermercados, para facilitar y promover la reventa, el acaparamiento, la especulación, es decir, el delito al que ahora se le ha dado el nombre de bachaqueo”, resaltó.
Indicó que junto al superintendente nacional, William Contreras, se realizó un taller especial para dar luz verde a este protocolo conjunto que coadyuve en la lucha que se emprende desde distintas instancias del Estado para combatir este flagelo.
En cuanto a la práctica del bachaqueo que se realiza, por ejemplo, en zonas como la redoma de Petare del municipio Sucre del estado Miranda, señaló que el organismo que dirige ha recibido denuncias que acusan a los cuerpos policiales de este municipio y de este estado de cooperar y formar parte de esta red delincuencial.
Explicó que estos casos son de estricta competencia de la Superintendencia de Precios Justos pero, de igual forma, la Defensoría ha coordinado con otras instituciones con competencias para abordar esta situación, en función del respeto a los derechos la población.
“Tocará combatirlo con base en la Constitución de la República y la ley, porque estos fenómenos no deben ocurrir”, puntualizó.
AVN
