Un día antes de que se llevara a cabo el Referéndum Revocatorio del 15 de agosto de 2004, la oposición llamaba a desacatar los resultados obtenidos en los comicios y cuestionaba la confiabilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), árbitro del proceso.
El Nacional publicó el 14 de agosto, en su página A-8, una entrevista hecha al presidente de la Coordinadora Democrática, Henrique Mendoza, quien participó activamente en el golpe de Estado de 2002 y protagonizó el cierre de Venezolana de Televisión mientras era gobernador del estado Miranda, donde manifestaba que la oposición no iba a aceptar un resultado «producto de triquiñuelas y fraude».
La oposición ya asomaba la tesis del fraude, a la que posteriormente se sumaron otros voceros de la oposición como Henry Ramos Allup, Julio Borges, Manuel Rosales y Antonio Ledezma, entre otros, quienes manifestaron que presentarían las pruebas «en su momento», sin que ocho años más tarde de las elecciones del 15 de agosto de 2004 esto haya ocurrido.
No sólo se sembraban dudas sobre la transparencia del proceso en el que más de 59% de los venezolanos ratificaron al presidente Hugo Chávez, sino que se cuestionaba abiertamente la actuación y confiabilidad del CNE, al que se catalogaba de parcializado.
«Este CNE no es confiable, pero tenemos que respetarlo. En el ente rector hay una mayoría que está secuestrada por el oficialismo», afirmaba Mendoza, sin mencionar el reconocimiento internacional que posee el árbitro electoral venezolano por su transparencia y capacidad técnica en distintos procesos comiciales.
Pese a que Mendoza decía respetar al CNE, era constante en su discurso, difundido ampliamente por las empresas de comunicación semanas antes del Referéndum, las amenazas de adelantar resultados y presentar proyecciones «en caso de que el organismo electoral intente retrasar la divulgación de sus cómputos», aún a riesgo de sanciones.
Debido a este abierto desacato de la normativa electoral venezolana, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó un fallo en el que se ordenó «prohibir la publicación de resultados parciales o definitivos a través de los medios de comunicación (…) antes de que el Consejo Nacional Electoral lo autorice».
Con respecto a los acompañantes internaciones, a los que calificó de «observadores restringidos», expresaba que su trabajo había sido «limitado en áreas críticas» dejando de lado que se encontraban en el país para avalar la transparencia del proceso y el resultado de la consulta, y que tras las elecciones del 15 de agosto nunca se les notificó oficialmente sobre alguna irregularidad o fraude en el proceso comicial.
AVN
