La Procuraduría General de la República observó que la Asamblea Nacional (AN) ha incurrido este año en acciones tendientes a violar la normativa constitucional, entre las que se encuentra la convocatoria a un juicio político al Presidente, sin que esto se establezca en ningún apartado de la Carta Magna.
Al respecto, el procurador de Venezuela, Reinaldo Muñoz, indicó que estos hechos no son aislados, «sino que se han venido dando en el tiempo, incluso antes de que la AN fuera juramentada en enero. Han venido dándose situaciones que cuando las ves provocan la violación de normas constitucionales, y todas esas situaciones son notorias, comunicacionales y recurrentes».
Por esa razón, la Procuraduría introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de amparo contra el parlamento, con miras a que se dicten medidas cautelares de protección a la legalidad y a la paz de la República.
«Hay una cantidad de normas constitucionales que deben ser observadas y reconocidas por los poderes públicos. Cuando esas normas son desconocidas, son violadas o contrariadas se busca que el máximo órgano de justicia del país aclare si la violación (a la Constitución) existe», explicó en el programa La Pauta de Hoy, de Venezolana de Televisión.
Agregó que la acción de amparo «no busca que sea sancionada la asamblea, o por lo menos no es la decisión que estamos esperando nosotros. Lo que sí esperamos es que el TSJ dicte unas normas que eviten que continúen las acciones de la AN, que no puedan seguir dictando acuerdos que si bien no tienen algún efecto jurídico -por estar en desacato-, causan sensacionalismo en la población, o que sigan convocando a la gente a la calle a confrontarse con los poderes públicos o que se generen hechos de violencia», mencionó Muñoz.
El Procurador indicó que la instancia dirigida por él evaluó que las acciones recurrentes de la AN —esta vez con mayoría en el parlamento— son similares a las ocurridas antes del golpe de Estado de 2002 y a las guarimbas de 2014, cuando la oposición convocó al desconocimiento de los poderes públicos.
En el informe presentado al TSJ, la Procuraduría también observó que el parlamento tiende a «crear la apariencia de que están haciendo algo que tiene alguna legalidad y a partir de allí tratan de modificar la situación jurídica», como ocurrió con el intento de sustituir, por la vía de los hechos, a las máximas autoridades de la TSJ y del Consejo Nacional Electoral, aun cuando fueron electas de acuerdo al marco legal establecido.
Asimismo, el procurador recordó que la Constitución no plantea la superposición de un poder sobre el otro, contempla un sistema presidencialista mixto, en el cual cada órgano tiene una función de control en específico «y la AN ha exacerbado su función de control» y por ello recomienda que este órgano ejerza «sus funciones dentro del marco constitucional».
Prensa Mippci/AVN
