Palacio de Miraflores, Caracas.- Donde se proclamara independencia y autodeterminación, Estados Unidos (EE.UU.) encontró una excusa para retomar la hegemonía perdida en América Latina. Detrás de una alianza antinarcóticos, amenazan con una intervención militar a quienes no siguen dictámenes políticos y económicos.
De 800 bases militares instaladas alrededor del mundo, poco más de 70 se encuentran en Latinoamérica. De ellas, siete operan en Colombia (Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apiay, Cartagena y Málaga) bajo la premisa de combatir el narcotráfico y terminar con el terrorismo, aunque resultó ser una artimaña para la expansión de la presencia militar norteamericana en un territorio estratégico por su ubicación geográfica y recursos minerales.
“Las bases militares yanquis en Colombia, sobre todo la base militar de Palanquero, le permite a Estados Unidos tener bajo vigilancia y relativo control, a través de su gran poderío científico, tecnológico, militar y de inteligencia, tres grandes objetivos del imperio en Suramérica: el Orinoco, la reserva de petróleo más grande del mundo; la Amazonía y el Acuífero Guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, la reserva más grande de agua y biodiversidad. Es un eje al que el gobierno yanqui le tiene la vista puesta desde hace mucho tiempo”, alertó el Comandante Hugo Chávez durante la emisión del programa Aló Presidente N° 237, de fecha 16 de agosto de 2009.
El “acceso, uso y propiedad” de instalaciones militares colombianas por parte de uniformados estadounidenses se materializó con el convenio suscrito entre el entonces canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, en octubre de 2009.
Este acuerdo se discutía desde 2006, bajo la promoción del exministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, quien solicitó hacer “el menor ruido político” para no acentuar las tensiones regionales. En correspondencia a una petición de Álvaro Uribe Vélez, el contrato se etiquetó como la continuidad de pactos vigentes para evitar su paso por el Congreso, reveló WikiLeaks en 2010.
“El gobierno de Uribe incluyó en el preámbulo de referencias numerosos acuerdos bilaterales y esa idea era consistente con su objetivo de evitar la aprobación del Congreso y vender el acuerdo a la opinión pública y a la región como una simple extensión de la cooperación y no como una escalada militar de EE.UU. en Colombia”, dedujo la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).
Plan Colombia
La colaboración entre Bogotá y Washington está fundamentada en el Plan Colombia, rubricado en 1999 por los entonces presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton para “generar una revitalización social y económica, terminar con el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia contra el narcotráfico”.
Este contrato se ajusta al Acuerdo de Asistencia Militar de 1952, instrumento que desembocó en una serie de misiones, convenios y planes, siendo el más destacado “la misión norteamericana que, en febrero de 1952, formuló recomendaciones en la lucha contrainsurgente que determinaron buena parte de las estrategias militares en el país”, reseña el libro El papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano: de la Doctrina Monroe a la cesión de siete bases militares del economista Diego Otero Prada.
“Esta misión, encabezada por el brigadier general William Yarborough, fue determinante para posteriores pactos como la Operación de Seguridad Latinoamericana o Plan Laso, que en la década de los años 60 determinó la creación de unidades para enfrentar operaciones de guerra no convencional y el empleo de Fuerzas Armadas en zonas sujetas a bandidismo o enclaves de influencia comunista”, extrajo el periódico colombiano El Espectador.
A los efectos del Plan Colombia, el general Barry McCaffrey, quien comandó divisiones militares estadounidenses en América del Sur, “implementó el uso de paramilitares contra la guerrilla de las FARC-EP”, recalcó la multiestatal Telesur.
Chávez sentenció que era “un programa de guerra” al que pretendían exhibir como una “lucha contra el narcotráfico o de ayuda social”. En abril de 2004, aseveró que “es una máscara detrás de la cual se esconde la pretensión de EE.UU. de utilizar los conflictos internos de Colombia, en los que ningún país debería intervenir, como excusa para incrementar su acción contra América Latina”.
Además de ser una maniobra con alto contenido geopolítico, permitió que Washington asegurara la presencia de sus soldados en yacimientos petroleros, así como el respaldo de Bogotá para la continuidad del Tratado de Libre Comercio (TLC). En este sentido, el historiador Oto Higuita explicó que los norteamericanos resultaron favorecidos con “la adquisición de materias primas a bajo costo, inversión de capitales extranjeros y siete bases militares”, citado por Telesur.
Dominio regional
Aquella sociedad de 2009 implicó el traslado de la capacidad operativa instalada en Ecuador, luego de que el gobierno de Rafael Correa finalizara en 2008 el acuerdo de cooperación sobre el uso de la Base de la Fuera Aérea Ecuatoriana en Manta, firmado en 1999 por el expresidente Jamil Mahuad.
La presencia de soldados norteamericanos en Ecuador lejos de reportar beneficios, ocasionó un severo daño ambiental y el desplazamiento de personas residentes en las cercanías.
“EE.UU. utiliza sus bases militares en todo el mundo con el único fin de agredir a los pueblos”, apuntó el activista político ecuatoriano Jorge García-Carchi, referido por Hispantv en octubre de 2017.
En 2005, un documento elaborado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Centro para Política Internacional (CPI) y el Fondo para la Educación y el Estudio de América Latina (LAWGEF) alertó sobre el aumento de programas militares estadounidenses y el traspaso de su gestión del Departamento de Estado al Pentágono, donde no priman consideraciones diplomáticas sino el criterio de “seguridad nacional”.
“América Latina es la mayor receptora de instrucción militar de Estados Unidos en el mundo y la asistencia militar a la región está al nivel de la ayuda social y económica”, precisó el representante del CPI, Adam Isacson, citado por la Agencia EFE.
El despliegue de soldados estadounidenses en bases militares colombianas no es precisamente una garantía de la efectividad del combate antinarcóticos, aunque sí una jugada geopolítica delicada.
“Si EE.UU. quiere hacer actividades antidrogas y el seguimiento de vuelos con drogas que se dirijan a EE.UU. puede cumplir esa función sin necesidad de tener derechos de uso de bases”, subrayó la directora de la WOLA, Jay Olson, citada por la BBC Mundo en agosto de 2009.
La prioridad de Washington no es combatir el narcotráfico, de ser así en lugar de ocupar la base militar de Malambo (Atlántico) habrían dirigido operaciones desde Urabá (confluye entre Antioquia, Córdoba, Chocó y el Tapón del Darién) donde “sale la mayor parte de la coca hacia el Centro y Norteamérica”, de acuerdo con el análisis Bases militares, inmunidad y drogas del economista Jorge Mejía.
“Malambo y Apiay están más cerca de Venezuela y Ecuador, los vecinos problema”, añadió Mejía en el documento disponible en el portal Caja de herramientas.
En tanto, la base de Palanquero, ubicada en Puerto Salgar, abría la posibilidad a la operación de aviones C-17 destinados al “transporte de logística y tropa, funciones más ligadas al combate que a la interdicción”, reseñó la revista colombiana Semana.
En agosto de 2010, la Corte Constitucional dictaminó que el acuerdo sobre bases militares no era una extensión de viejos convenios, dado que comprendía “nuevas obligaciones para el Estado colombiano” y, por ende, debía tramitarse como “tratado internacional”, someterse a la aprobación del Congreso y ser revisado por el alto tribunal. No obstante, la administración de Juan Manuel Santos no completó el procedimiento.
El inquilino de la Casa de Nariño argumentó que el fallo no afectaría alianzas previas entre ambas naciones, lo que permitió mantener soldados estadounidenses en su territorio amparado en maniobras de entrenamiento, incautación de drogas y “operaciones relacionadas con comunicaciones y vigilancia”.
Esto se debió a que “el presidente (Juan Manuel) Santos entendió que los acuerdos de seguridad con Estados Unidos no tenían por qué ser formales o públicos para tener lo efectos que ambas partes deseaban”, asegura el libro La presencia militar de Estados Unidos en América Latina: bases y cuasibases de Sebastián Bitar.
De acuerdo con el Base Structure Report, la Fuerza Aérea tenía 51 edificios propios, mientras que el Ejército tenía 24 propiedades arrendadas en 2012. Estos bienes “sumaban 51.473 metros cuadrados de infraestructura militar de Estados Unidos en Colombia”, agregó la revista Semana.
Combate antinarcóticos: ¿Éxito o fracaso?
En las últimas dos décadas, EE.UU. ha destinado más de 10.000 millones de dólares a Colombia como parte del acuerdo de asistencia militar. Sin embargo, ni la mayor contribución de la Casa Blanca a una nación del Hemisferio Occidental se tradujo en la reducción del cultivo, producción o tráfico de drogas.
De 2008 a 2017, Colombia registró un aumento del 50% en la producción de cocaína. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), concentra el 70% de la producción mundial con una exportación estimada de 1.200 toneladas de cocaína en 2019.
La producción de cocaína en Colombia equivaldría a 5.130 millones de dólares, según un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EE.UU., publicado el 5 de marzo.
En simultáneo, EE.UU. está considerado como el mayor consumidor de narcóticos del mundo, siendo el receptor principal de la cocaína colombiana. De hecho, solo en 2019 sumó 70.237 muertes a causa de sobredosis de drogas, detalló el balance anual de la ONUDD.
Aún cuando la génesis del pacto binacional es la lucha contra el narcotráfico, 79% de las bases militares están ubicadas en departamentos donde existen cultivos ilícitos de cocaína.
“Están donde se encuentran los mayores centros de cultivos de coca y, no obstante, el presidente de Colombia, Iván Duque, autoriza en el año 2019, 247 licencias para el cultivo de marihuana: 60% fueron autorizadas en departamentos donde no existe cultivo de coca y 40% donde hay; el mayor centro de cultivos de coca está al sur de Colombia”, puntualizó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, durante una conferencia de prensa realizada el 11 de julio.
A partir del Plan Colombia también se agudizó el paramilitarismo, los ajusticiamientos extrajudiciales y desapariciones forzosas, así como los desplazamientos y la implantación de “falsos positivos”, denunciaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
“El Plan Colombia fue un fracaso desde el esquema que se muestra público de reducir o erradicar totalmente el fenómeno de las drogas, hoy el balance es que ese fenómeno aumentó en todo sentido; y el otro componente que era no público, que era su verdadera esencia, aniquilar a la insurgencia, tampoco se cumplió. Lo que se dio fue una serie de hechos profundamente dolorosos en nuestro país que todavía golpea a muchos colombianos”, enfatizó en 2016 quien fuera comandante e integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP, Pastor Alape.
Escalada intervencionista
El revés que caracteriza al historial de las operaciones antinarcóticos de Bogotá y Washington no impidió que la nueva administración de Colombia, encabezada por Iván Duque, admitiera el ingreso de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) para asistirle en la lucha contra las drogas.
“Es la primera vez que esta brigada trabaja con un país en la región de Latinoamérica, hecho que reafirma una vez más el compromiso de los Estados Unidos con Colombia, su mejor aliado y amigo en la región”, reza el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, cuyo texto anunció la llegada del grupo de élite para el mes de junio.
La movilización de tropas norteamericanas forma parte de la Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos, desplegada en abril en el Caribe y el Pacífico oriental. Esta maniobra que presta especial atención a Venezuela, nació un día después de que el Departamento de Estado presentara el Marco para la transición democrática pacífica en Venezuela, que aseguró mantener e intensificar las medidas coercitivas unilaterales contra funcionarios, empresas e instituciones “hasta tanto el régimen de Maduro no acepte una transición política genuina”.
Ya en marzo, el fiscal general de EE.UU., William Barr, había acusado al presidente de la República, Nicolás Maduro, por supuestos delitos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, tenencia de armas y artefactos destructivos. Esta acción pretendía amparar la tesis de “narcoestado” que justificaría una intervención armada en Venezuela.
Es una amenaza latente, dado que dos de las “Zonas de Futuro” donde operarán los soldados estadounidenses están situadas en las regiones limítrofes de Catatumbo y Arauca. El resto estará distribuido en el Cauca, Córdoba y Nariño.
“Nadie pone en duda que esta situación se desarrolle como parte de la estrategia de agresión militar del gobierno de Trump contra Venezuela, y que el gobierno colombiano, de manera irresponsable, pone el territorio patrio como cabeza de playa para la estrategia desestabilizadora contra el vecino país y el continente”, afirmó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Común (FARC) en un comunicado emitido en mayo.
De acuerdo con el periódico colombiano El Tiempo, la misión “de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad de la lucha contra el narcotráfico” se mantendría cuatro meses, aunque podría ampliarse “por un período aún sin definir”.
Los 48 miembros de la SFAB que se encuentran en Colombia están impedidos de operar a raíz de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que a principios de julio ordenó la suspensión inmediata de sus actividades y la entrega de información detallada sobre el ingreso, llegada y permanencia de los uniformados estadounidenses al fallar a favor de un recurso de amparo consignado por un grupo de congresistas.
Esto derivó en la respuesta del Ministerio de Defensa que dejó saber que impugnaría el fallo ante el Consejo de Estado “por cuanto la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, no requiere permiso del Senado de la República”.
Secuaces del Norte
En nombre de la cooperación, Colombia cedió piezas militares para que sean empleadas por el Comando Sur. Ahora, el brigadier general Juan Carlos Correa Consuegra, quien dirigía el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), le rinde honores a Donald Trump en cumplimiento de las instrucciones giradas por el Almirante de la Marina de EE.UU. Craig Faller.
“El presidente (Iván) Duque nos ha enviado lo mejor y ha pagado por ello, (Juan Carlos Correa Consuegra) viene aquí totalmente pagado por Colombia y trabaja para mí”, afirmó Faller durante una reunión con Trump, celebrada el 10 de julio en Florida.
La degradante escena quedó registrada en un audiovisual difundido en redes sociales por el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, donde además se aprecia como el magnate norteamericano conmina a Correa Consuegra a decirle “hola”.
“Es un reconocimiento de que Colombia estuvo con nosotros en el mundo, en la guerra con Corea y que hoy están con nosotros”, destacó el jefe del Comando Sur.
Colombia y EE.UU. estrecharon su alianza militar después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), al punto que soldados neogranadinos combatieron en la denominada Guerra de Corea en 1950, precisa el libro El papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano: de la Doctrina Monroe a la cesión de siete bases militares de Diego Otero Prada.
Al servicio de EE.UU. también están miembros de la Fuerza Armada de Brasil y, al igual que Duque, la administración de Jair Bolsonaro pagó “para que venga aquí y trabaje”, apuntó Faller. Después de todo, Brasil “ha estado con nosotros desde la Segunda Guerra Mundial y nuestra relación se está fortaleciendo aún más”.
Colombia habría optado por el camino trazado por el Comando Sur como “muestra de la unidad deseada del nuevo momento americano para derrocar gobiernos legítimos”, concluye el artículo Mienten contra Venezuela: EE.UU. y Colombia son los protagonistas del narcotráfico regional, escrito por Francisco Arias Fernández y publicado por el periódico cubano Granma.
Dupla tormentosa
El discípulo de Uribe Vélez, aliado principal de las maniobras injerencistas contra Venezuela, asumió que ser considerado “un buen tipo” por el inquilino de la Casa Blanca lo libraría de reprimendas y críticas públicas, pero se equivocó.
En abril de 2019, Donald Trump señaló que el negocio de la droga aumentó 50% en Colombia desde la llegada de Duque a la Casa de Nariño en 2018, al tiempo que acusó a los neogranadinos -junto a Honduras, Guatemala y El Salvador- de enviar criminales intencionalmente a su territorio.
La respuesta no tardó en llegar. Duque argumentó que, aunque “no es suficiente”, su administración redujo el terrorismo en 40% y las acciones subversivas en 43%, mientras que la confiscación de pasta de coca incrementó 62% y la erradicación manual de cultivos superó las 5.747 hectáreas. Era necesario mostrar resultados concretos, de lo contrario sería “solo un presidente más de Colombia” como le habría advertido el magnate norteamericano en septiembre de 2018.
Trump ya había reconocido que su homólogo colombiano “no ha hecho nada” para reducir las drogas que salían de Colombia a EE.UU, aún cuando este último aseguró que detendría el narcotráfico durante un encuentro sostenido en la Oficina Oval el 13 de febrero de 2019.
Desde su época de candidato, Duque aspiraba relaciones menos «narcotizadas» y basadas en nuevas áreas de cooperación con su par del Norte. Ese objetivo común es Venezuela, razón por la cual no solo presta su territorio para el reclutamiento y entrenamiento de paramilitares, traslado de armas de guerra y mercenarios por pasos ilegales sino que admite la participación de narcotraficantes en operaciones sediciosas, bajo el auspicio de la Casa Blanca.
“Iván Duque está mintiendo sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia, es una tremenda mentira e hipocresía palmaria. Duque y Trump utilizaron narcotraficantes para asesinar a (Nicolás) Maduro”, denunció en mayo el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez.
La implicación de la élite burocrática de Bogotá y Washington en la incursión mercenaria de Macuto (La Guaira), el fallido golpe de Estado, el intento de intervención a través de una supuesta ayuda humanitaria y el magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro quedó demostrado con testimonios, grabaciones de audio y vídeo, fotografías y conversaciones telefónicas de los participantes detenidos en Venezuela y prófugos radicados en el exterior.
Chávez sostenía que la Casa Blanca tenía “lacayos en todas partes”, cómplices que seguían un modelo de agresión para desestabilizar a naciones soberanas solo para congraciarse con el imperio en decadencia, aún cuando eso significara faltar a los principios que sentaron las bases de su fundación.
“(Simón) Bolívar muriendo y llorando dijo: ‘Colombianos cuiden la unidad’; ahora, la burguesía bogotana siempre ha apuñalado a Colombia, los puñales de (Francisco de Paula) Santander buscando el corazón del padre Bolívar”, manifestó.
Ese mismo Libertador que en 1819 emprendió una campaña militar para liberar la Nueva Granada del yugo español, advirtió en una misiva dirigida al coronel Patricio Campbell en agosto de 1829 que “Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad”.
Bogotá simplemente no escuchó.
Prensa Presidencial / Karelis González
