Como parte de la Consulta Pública de la Convención sobre Derechos del Niño fue realizada una Mesa Nacional de Protección Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes, que coordina el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), a fin de generar aportes para la elaboración del informe que el Estado venezolano debe presentar en 2021, ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
En la jornada de consulta efectuada en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, Caracas, estuvieron presentes la viceministra para Temas Multilaterales y la directora general de la Oficina de Relaciones Consulares de la Cancillería venezolana, Daniela Rodríguez y Eulalia Tabares, junto al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, y representantes del CNE, TSJ, Defensa Pública, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), SAIME, SAREN, Asociación Nacional de Consejeros de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Asonacop) e Idenna.
La viceministra Rodríguez aseveró que para Venezuela, en el ámbito multilateral, la protección de los niños, niñas y adolescentes, en este caso la atención de los casos de vulnerabilidad en los procesos migratorios, es un elemento supremo y prioritario de la política del Estado.
El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos explicó que desde hace más de un mes llevan a cabo la consulta para la elaboración del informe que debe contener las medidas y acciones que el Estado venezolano ha tomado desde 2012, cuando se presentó el último informe, hasta 2020, para garantizar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que ratificó en 1990.
Devoe detalló que el informe también debe contener las medidas que ha tomado Venezuela para implementar las observaciones y recomendaciones hechas por el Comité de la ONU a partir del último informe entregado y el impacto que sobre la garantía de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes ha tenido la agresión económica y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.
Recordó que en febrero introdujeron una remisión ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) bajo el alegato, tipificado en el Estatuto de Roma, que las medidas impuestas, que entre sus efectos está la migración forzada, configuran crímenes de lesa humanidad.
Durante la jornada, la directora de la Oficina de Relaciones Consulares, Eulalia Tabares, presentó la Guía para la Protección y Comunicación con Niños, Niñas y Adolescentes en situación de movilidad o migración, elaborada en el contexto del convenio interinstitucional entre el Estado venezolano y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el cual busca evitar que producto de la migración forzada puedan ser amenazados o vulnerados los derechos de los infantes y adolescentes venezolanos en la zona fronteriza o en cualquier otro espacio del territorio nacional.
Este material instructivo constituye un logro concreto de la Mesa Interinstitucional de Movilidad Infantil, en la que intervienen 14 instituciones del país.
La viceministra para Temas Multilaterales valoró la guía como una “expresión tangible de la voluntad del Estado venezolano por garantizar el interés supremo de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria”.
Finalmente, Devoe afirmó que la elaboración del informe, más allá de la formalidad que implica su presentación como una obligación soberana de la República ante el Comité de la ONU, debe verse como una oportunidad para precisar todo lo que se ha avanzado en el área de protección de la niñez y la adolescencia, e impulsar hasta su concreción los temas pendientes en este ámbito.
Prensa Digital MIppCI / VTV
