El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que fue solicitada orden de aprehensión contra el presidente de PDVSA Gas Comunal, Jacob Grey, junto a tres gerentes de plantas de llenado de esta empresa por presuntamente conformar una red para el cobro ilegal para el llenado de bombonas de uso doméstico.
Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, Saab detalló que ya fueron aprehendidos Yohandry José Guevara Álvarez, gerente de la planta de llenado de gas Charallave; Oriana Alejandra Betancourt Corales, gerente de la planta de llenado de gas Apacuana y Eder Alexis Dugarte, gerente de la planta de llenado de gas El Tambor.
Adicionalmente, tras la rueda de prensa fue informado, por el órgano auxiliar de justicia, de la detención del presidente de PDVSA Gas Comunal.
Según las investigaciones coordinadas por el órgano garante de la legalidad, los cuatro funcionarios “formaban una red de corrupción que se dedicaba al cobro de comisiones ilegales en dólares para el llenado de las bombonas de gas a las empresas distribuidoras de este combustible”; precisó el titular de la acción penal.
Tal descubrimiento fue posible tras la detención de Adán Contreras, propietario de del galpón Maracay Gas 2020 donde vendía bombonas de gas doméstico en dólares. Allí fueron descubiertos “4.000 cilindros de gas doméstico de distinto tamaño, así como 7 vehículos tipo camión y un teléfono celular, del que se obtuvieron conversaciones que involucraban a otras personas”, explicó Saab.
Contreras fue imputado y privado de libertad por la presunta comisión del delito de especulación, tras lo cual se acogió a la delación e informó sobre esta red de corrupción.
Allí explicó que estos funcionarios exigían el pago de 2 dólares de comisión por el llenado de cada bombona, adicional al costo en bolívares que era abonado a la cuenta de la empresa.
“Solo el ciudadano que se acogió a la delación llenó más de 12 mil cilindros de gas en pocas semanas, lo que equivale a más de 24 mil dólares en comisiones cobradas ilegalmente”, destacó Saab.
Inspectorías del Trabajo
En el marco de la lucha del Ministerio Público contra la comisión de actos irregulares en la administración pública, el Fiscal General destacó las privativas de libertad en contra de Pedro Luis Aliendres Vásquez y Elías Antonio Martínez; quienes ejercían como inspectores jefes de la Inspectoría de Trabajo en Nueva Esparta y Sucre, respectivamente.
De acuerdo con lo explicado por la máxima autoridad institucional, ambos fueron denunciados por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.
Las experticias determinaron que “ambos funcionarios realizaban negociaciones ilegales para favorecer a empresas en los procesos que tenían en las inspectorías del trabajo de Nueva Esparta y Sucre”, detalló Saab.
Tras la denuncia se realizaron experticias al teléfono corporativo de Aliendres, donde “se encontraron conversaciones en las cuales se realizaban negociaciones con fines de lucro con representantes de empresas involucradas en procedimientos administrativos. Esto con el fin de declarar las inadmisiones de los mismos e impedir que los trabajadores pudiesen ser reenganchados; todo esto en asociación con Elías Martínez”.
Producto de tales acciones, ambos exfuncionarios han sido imputados por los delitos de corrupción propia agravada y agavillamiento. “Ése no es el deber ser, no es la actitud de un funcionario público. Están atentando contra el pueblo”, concluyó el Fiscal General.
Prensa Digital MippCI / MP
