Cronología de un estallido
Tercera parte
Febrero 1989: del 25 al 28
El 25 de febrero de 1989, nueve días después de que Carlos Andrés Pérez (CAP) anunciara al país un paquete de medidas económicas basado en políticas neoliberales , el jefe de la misión del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Ping Cheung Loh, afirmó que ese organismo internacional apoyaba todo el programa económico.
El acuerdo de los directivos del Banco Mundial con el gobierno adeco consistía en la concesión de préstamos a corto plazo para cubrir el proyecto de ajuste estructural y el de reforma del sector comercial. Para ese año la pobreza crítica alcanzó el 47,5% y los niveles de inflación llegaron a 81%.
La gente en las calles padecía todo el rigor de los altos precios productos del “paquetazo”, exigían aumento general de salarios para compensar la enorme inflación desatada, mientras la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el Gobierno y Fedecámaras no se ponían de acuerdo para tomar medidas que favorezcan a la clase obrera, sobre la cual recayó el mayor peso de la crisis del país.
El estallido social era inminente. El de 26 de febrero el propio partido de Gobierno en la voz de Gonzalo Barrios hizo público los temores de una rebelión popular. Acción Democrática (AD) estaba dividido porque un grupo de sus dirigentes fue excluido de la repartición de cargos dentro del Ejecutivo, desplazados por una élite tecnocrática de corte neoliberal, a la cual llamaron “Ministros gerentes” y funcionarios “yuppies”.
El descontento popular, el de los gremios, y el del propio AD no le importó a los “yuppies”, y especialmente, a los encargados de manejar la propaganda gubernamental. Nada se sabía sobre los problemas planteados, ni sobre sus posibles soluciones en oportuno tiempo y espacio.
El derroche de dinero en trabajos que sólo embellecían las oficinas de los “Ministros gerentes” no se podía ocultar, como es el caso del Instituto de Comercio Exterior, cuyas autoridades, en medio de la crisis del paquetazo, aprobaron el gasto de 150 mil bolívares (con lo que se compraban dos vehículos en esa época) para hacer un poco más opulenta la entrada del edificio.
Las “lumbreras universitarias” demostraron no estar a la altura de los situación política – económica que causaron con el paquetazo. A la inflación desbordada, hay que agregar el desabastecimiento en los mercados, ante lo cual la Superintendencia de Protección al Consumidor poco ayudó.
El 27 de febrero estalla la protesta social conocida como El Caracazo, también llamada Sacudón porque el pueblo se levantó en otras ciudades del país como La Guaira, Guarenas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.
La represión fue brutal. La masacre, de la cual se maneja un número oficial aproximado de 331 fallecidos (aunque Organizaciones No Gubernamentales hablan de miles de muertos), ocurrió cuando se activó el Plan Ávila.
Por órdenes de su comandante en jefe, Carlos Andrés Pérez, efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y la PM salieron a las calles y arremetieron contra la población que se encontraba, desarmada, protestando contra “el paquetazo” neoliberal implementado por el Gobierno.
La sistemática violación de los derechos humanos, amparada en la suspensión de las garantías constitucionales y un toque de queda, siguió el 28 de febrero y los primeros días de marzo.
Prensa MinCI
