“Un arma es un excelente instrumento para el ataque, pero terrible e ineficiente para la defensa, porque no la garantiza”. En esta corta pero precisa oración, perteneciente al asesor de seguridad urbana de Brasil, Rangel Bandeiras, el secretario técnico de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, Pablo Fernández, engloba parte de la filosofía de lo que tiene por reto desde su cargo: lograr el desarme de la población para disminuir los índices de violencia y garantizar más seguridad en todo el país.
Señaló que por mandato del Presidente Hugo Chávez Frías se generó el papel de trabajo que es base de la Ley de Desarme y Control de Armas y Municiones que hoy es asunto de análisis para su aprobación definitiva en el seno de la Asamblea Nacional. De hecho ya se hizo la aprobación de algunos artículos básicos y en la sumatoria de esfuerzos se buscó la asesoría de expertos en seguridad de Australia, Suráfrica, Argentina, Colombia, El Salvador y de la ONU. “Todos coinciden que es clave la eliminación del porte de armas”.
Explica que el Comandante Chávez, en busca siempre de la paz, ordenó el desarme total de la población civil.
La lógica indica que las armas deberían estar únicamente en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la seguridad del territorio nacional y las fronteras, y en manos de las policías para que garanticen la seguridad.
Armarse no es un derecho
—¿Cómo garantizar un desarme sea efectivo?
—El desarme se efectúa de dos maneras: desarme compulsivo (decomiso de armas) y desarme voluntario (concienciación). Ambos métodos están aplicándose en el país. La idea es que la gente entienda que no hace nada con las armas y por voluntad propia vayan a entregarlas.
—Eso suena muy idealista.
—Pero debe imponerse esta manera como una política de Estado. Todo el mundo debe entender que las armas las deben tener solo los organismos de seguridad.
—¿Qué va a ocurrir con los portes ya existentes en manos de la población civil?
—La Ley prohíbe la emisión de nuevos portes. Y los existentes pasarán a denominarse tenencia, que implican el uso del arma solo dentro de las casas. La ciudadanía debe mentalizarse que estar armado no es un derecho.
Existirá una excepción para los atletas de tiro deportivo que deben estar registrados y tendrán permiso para sus armas especiales.
—¿Y la comercialización cómo se verá afectada?
—La FANB es rectora del tema. Le corresponderá solo a Cavim todos los aspectos de comercialización.
Explica Fernández, que para garantizar mayor control está planteado el tema del registro de armas, a través de una figura que se llamaría Reniaf (Registro Nacional Integrado de Armas de Fuego) y se está aplicando internamente el marcaje de municiones, que pronto se hará con método láser y serialización, lo cual dará mayor certeza en las investigaciones y se podrá establecer responsabilidades sin margen de error.
Desvío: Un espiral asesino
Aseguró el funcionario que del parque de armas de la policía y de la FANB hay muchas que han ido a parar al mercado ilegal; así como armas que ya han sido decomisadas o que se han colectado por entrega voluntaria y de repente aparecen nuevamente en la calle e involucradas en eventos violentos.
Al respecto no hay estadísticas, pero sí hay la certeza de funcionarios corruptos que se dedicaban a esta práctica; no obstante existen sanciones estipuladas en el proyecto de ley de desarme donde se establecen multas y cárcel hasta casi por 30 años.
Gobierno de paz
—¿Qué hacer para evitar que las armas decomisadas regresen a las calles?
—En la Gaceta Oficial 40.047, de octubre de 2012, el presidente Chávez ordenó que se acortará el tiempo de proceso para la investigación de las armas recuperadas, incautadas y decomisadas. Cuando un arma ingresa al sistema de seguridad, pasa a la fiscalía y hechas las experticias debe inutilizarse con un sistema de prensas especiales, para que luego sean destruidas por la DAEX (División de Armas y Explosivos).
Las destrucciones se hacen dos veces por año. Antes las armas se dejaban intactas hasta ser destruidas y eso era caldo de cultivo para la corrupción; ahora, las armas no pueden durar más de 20 días sin que sean inutilizadas.
El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, anunció que por vía del Consejo Federal de Gobierno van a financiar una prensa destructora por cada uno de los estado, para ir inutilizando las armas que estén en resguardo de los organismos de seguridad de las 23 gobernaciones y el Distrito Capital.
Por órdenes del Alto Gobierno, en la actualidad se comenzó a hacer auditorías del parque de armas, municiones y salas de resguardo de armas inutilizadas, de todas las policías del país.
“Advertimos a quienes piensen en hacer negocio con algo que genera muerte, sangre y desolación de muchas familias; por ello la Ley será implacable con los infractores”, aseveró Fernández, quien además funge como director general del Servicio de Policía.
Negocio capitalista
“Como estamos afianzando el modelo socialista y con el discurso del presidente Maduro que gira en torno a la paz y basados en que el armamentismo es una lógica profundamente capitalista vamos a combatir más frontalmente este fenómeno que genera letalidad y lesiones graves”.
Las grandes empresas que producen las armas, las publicitan, las hacen necesarias en el imaginario colectivo y además las comercializan y las venden sin importar las consecuencias finales. Hay tres grandes negocios en el mundo capitalista: las drogas, las armas y la trata de personas: “nos ocuparemos de las armas”. Agregó que “por estas razones ha sido muy difícil en el mundo el tema del desarme, pero en Venezuela si sumamos voluntades lo vamos a lograr”.
El tema de las armas y sus cifras…
Explicó Pablo Fernández que todas sus apreciaciones están basadas en métodos científicos y en análisis hechos en vivo en la propia población nacional.
Afirmó que andar armado aumenta en más del 60 por ciento el riesgo de ser víctima de homicidio o sufrir lesiones graves; “porque si estás armado el delincuente generalmente lo detecta y ataca con el factor sorpresa a su favor y los desenlaces son generalmente fatales”.
Se comprobó que en los hogares donde hay un arma de fuego existe posibilidad de accidentabilidad, con riesgo de muerte, de 21 por ciento.
En Venezuela, el 94 por ciento de los homicidios son producidos por armas de fuego y curiosamente, de ese porcentaje, apenas el 16 por ciento se relaciona con robos, el resto tiene que ver con riñas ligadas al consumo de drogas y licor o por discusiones simples que se transforman en agresivas y peligrosas o violencia de género. “Comprobamos que estar armado genera más problemas y que existe una conducta de violencia”. En los barrios el alto índice de homicidios es en jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 28 años. “Lo cual te da una radiografía social de la violencia: jóvenes pobres, excluidos y armados son los que matan y mueren; por eso nos ocuparemos de esa población. El Estado está brindando oportunidades diferentes, para incluir, para estudiar, para vivir, como lo ordenó siempre el Comandante Chávez”. Estudios de la Comisión de Desarme indican que de 1981 a 2011, por la vía legal ingresaron al país 600 mil armas entre pistolas y revólveres, “que es el tipo de armas, con más frecuencia, involucrado en delitos como robos y homicidios”. Según Fernández, debe sumarse la misma cantidad que pudieran haber ingresado de manera ilegal, porque los mecanismos de control eran ineficaces. “Entonces estamos hablando de que en las calles han estado circulando más de un millón 200 mil armas de este tipo. Pero en apenas dos años se han incautado y destruido 300 mil armas, todas con data de fabricación del año 80 para acá. La meta es destruir 50 mil por año. Y si llegamos a 35 mil anualmente estaremos satisfechos”.Este año la destrucción de armas se hará en julio y en noviembre.
RNV
