Si hacemos un poco de historia, la Universidad tiene su origen en el gremio. En el siglo XII los maestros se agrupaban aupados por el interés de hacer sus labores en condiciones que le favorecieran. Las universidades de Bolonia, Salamanca y París se fundaron más que en un lugar físico, en un espacio asociativo, propiciado por el gremio de los maestros. Ellos pusieron las condiciones para enseñar. Pactaron con los estudiantes y sus padres sus salarios y también el clima en el que se propiciaría la enseñanza, que comenzaba a establecer su autonomía frente a los dogmatismos típicos de los monasterios, en donde hasta ese momento se gestaba el saber académico.
De modo que el gremialismo es la génesis de la Universidad occidental y por ende de la latinoamericana, que no fue sino una extensión de aquella. En esa visión de lo gremial la reivindicación no sólo consistía en el salario, sino también en la libertad de enseñar y en la exigencia de un ambiente propicio para el ejercicio de la pedagogía. Esos docentes además de asalariados, fueron esencialmente intelectuales que escogieron el mundo de la docencia en su vertiente divulgadora, y en su rol de creador. La Universidad no fue entonces desde sus inicios solo recinto escolarizado, sino el escenario donde se discutía, donde se movilizaban los saberes. Por ello ninguna remuneración compensaba del todo su compromiso con esa misión.
Pero aterricemos en el marco histórico que vivimos hoy los profesores universitarios venezolanos. No dependemos ahora de los estudiantes y de sus padres, sino del Estado y de sus representantes más inmediatos: las autoridades universitarias. Por ello es complejo apuntar la acción reivindicativa. Tenemos en la práctica dos patrones: el MPPEU y los rectores. Contamos con dos gremios: FAPUV y las Asociaciones de Profesores y algunos sindicatos que comienzan a constituirse. El primero lidia con el Gobierno central, los segundos con los rectorados.
En verdad, el verdadero patrón de los profesores universitarios son los rectores. Ellos son los que administran las universidades, los que dirigen las políticas de seguridad social y de formación profesional. El otro patrón solo se atiene a dar recursos y a propiciar macropolíticas universitarias en la medida que lo permita el rango autonómico por el que se rigen muchas de nuestras universidades.
Nuestra dinámica gremial tradicional instaló un reparto de funciones: FAPUV se ocupaba de las reivindicaciones salariales, que se expresaban en las Normas de Homologación. Las otras reivindicaciones circulaban en las diversas Actas Convenios que las asociaciones firmaban con cada uno de los equipos rectorales. El Tribunal Supremo de Justicia declaró las referidas Normas no obligantes; es decir, inútiles. Y los salarios de los universitarios desde hace unos cinco años son fijados unilateralmente por el Ejecutivo. La referida Federación ha procurado reivindicar estas Normas, pero su fuerza gremialista cada día disminuye. Sus comunicados parecen algunas veces más salidos de voces partidistas que gremialistas. FAPUV Cometió un pecado grave, cuyas consecuencias aún padece: firmar un remitido donde mostraba apoyo incondicional al golpe de Estado perpetrado en el año 2002 por Pedro Carmona Estanga. En un intento por rescatar la audiencia profesoral impulsó un proceso democrático de elección, cuya abstención fue bastante alarmante. Ahora, con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, el Estado considera que las reivindicaciones se deben canalizar por la vía de sindicatos, condición a la que se niega esa FAPUV, con razonamientos que rayan en el clasismo sindical. Pero algunos docentes se han organizado en sindicatos y han constituido federaciones de sindicatos. Y son precisamente esos docentes los que asociados con los gremios de empleados y obreros introdujeron al MPPEU una Convención Colectiva de Trabajo del Sector Universitario, que va más allá del aumento salarial, contemplando cláusulas que tienen que ver con la seguridad social, condiciones de trabajo, programas de profesionalización, becas para hijos, entre otras reivindicaciones.
Tampoco han corrido con buena suerte las asociaciones de Profesores. Estas solo miran al patrón Gobierno, y son timoratos con los rectorados. Al Gobierno se le exige mejores presupuestos y mejores salarios. Pero a los rectores y a sus consejos universitarios no se les exige una claridad en los recursos que envía el Estado y en los recursos devenidos de ingresos propios, que en los últimos años se han venido acrecentando sustancialmente. Son los rectorados los responsables directos de los institutos de Previsión Social, los cuales, a pesar de que se les envía los recursos a tiempo, cada día son más ineficientes. Igualmente ocurre con los fondos de Jubilación, aberración jurídica con la que se pecha a los profesores, que han sido objeto de una práctica administrativa rapaz. Generalmente se alega que la Universidad no tiene recursos, pero es asombrosa la cantidad de dinero que hay cada enero en los saldos iniciales de cajas, como producto del sobrante de recursos no ejecutados en el año anterior. Los consejos universitarios algunas veces reportan ingresos propios que fueron recabados con dos o tres años de anterioridad. Mientras eso ocurre, no hay dinero para las revistas, no hay dinero para costear la asistencia de los profesores a los eventos académicos, los ambientes de aulas y laboratorios son cada día más precarios.
Nuestras asociaciones son ahora excelentes clubes sociales encargados de hacer las fiestas de fin de año, organizar certámenes deportivos y ocuparse de otros asuntos de índole cultural. Por supuesto, eso es importante que se haga. Pero, ¿qué hay -por ejemplo- con la formación del docente universitario? Ya no se le exige a los consejos universitarios planes de Desarrollo Profesional, como lo demandan las Actas Convenios. Y el ascenso universitario es un asunto que corresponde solo al profesor, el cual no tiene muchas opciones para su estudios. Cursa el postgrado o el doctorado que puede, y no el que él y la institución necesitan. Para asistir a un evento tiene que acudir a su precario salario.
Ni siquiera la tradición de las Actas Convenios se ha continuado. Las pocas que se han firmado son pasto fácil de violaciones cotidianas.
Creo que habría que mirar al Estado hoy con ojos despolarizados. Ni es el demonio que pinta muchas veces FAPUV en sus comunicados, ni el ángel salvador que dibujan algunos colegas. A la administración universitaria del presidente Chávez se le puede celebrar algunos logros importantes para el sector profesoral. Uno de ellos es el haber reconocido deudas que otras administraciones consideraron imposibles pagar. Aún está en nuestros oídos aquella frase del entonces ministro de Cordiplan de Caldera, Teodoro Petkoff, de que “el pasivo universitario es imposible de pagar por parte del Estado”. Hoy se está haciendo. El Estado creó esa obligación en 1975 y jamás asumió la responsabilidad de viabilizar su pago. También debemos recordar los retardos en el pago de las prestaciones sociales que en otros tiempos tardaban un promedio de no menos de cinco años en cancelarse. Hasta el 2008 esos retardos no pasaban de un año; se han atrasado en los últimos tres, pero se hacen esfuerzos para actualizarlos. Hay que criticarle al Estado su política salarial, que ha deteriorado enormemente los sueldos universitarios, lo que ha originado una seria deserción en la planta profesoral de nuestra Universidad, que ha visto a muchos profesionales emigrar a otros sectores laborales. Igualmente habría que cuestionar el modo como la OPSU y el MPPEU han venido estructurando sus presupuestos de manera deficitaria, para luego completarlos con créditos adicionales. El año pasado, por ejemplo, el presupuesto desarrollado por la vía de créditos fue el 165% del total del original aprobado. Esta práctica hay que corregirla, porque no sólo distorsiona la administración de las universidades, sino que podría ser la justificación de los manejos poco idóneos con los saldos iniciales de caja.
El universitario es un gremio sui generis. Por supuesto que tiene derecho a un salario digno con el que hacerle frente a las necesidades materiales y espirituales. Pero hay otras reivindicaciones tan dignas como esas, como son el vivir en una comunidad democrática, gozar de un sistema de seguridad y recreación digno, contar con programas de formación que motiven su potencial creativo, participar a plenitud en las decisiones trascendentales de las instituciones donde labora y, sobre todo, tener autonomía para desplegar una ética autónoma, que no lesione intereses ni de colegas ni de otros sectores institucionales.
Pero es importante que el Gobierno revolucionario que preside Nicolás Maduro despolarice esta lucha que todos los universitarios (¡todos!) damos en procura no sólo de un mejor salario sino de mejores condiciones del ejercicio de nuestro trabajo en la Universidad. Son injustos los salarios universitarios: los instructores devengan sueldos realmente depauperados y que, ciertamente, se acercan al salario mínimo. Un profesor titular (la máxima categoría que alcanza un docente en la Universidad) que ha tenido que hacer doctorado, presentar cuatro trabajos de ascenso y laborar durante muchos años de labor, evenga un sueldo básico de 7.232 bolívares.
Por supuesto, hay dos juegos en la política gremial universitaria de hoy: el de FAPUV impulsado su lucha partidista y el de los que viven en la “universidad adentro”, ansiosos de una respuesta racional y justa a sus reivindicaciones.
Para luchar por esas reivindicaciones necesitamos un gremio de mirada plural, con un ojo ético que le permita en primer lugar revisarse a sí mismo, para luego desplegarse a defender su misión genésica: defender la sociedad de los maestros.
Por: Celso Medina (profesor universitario, poeta y ensayista) /Ciudad CCS
Ilustración Etten Carvallo/Ciudad CCS
