El presidente de Uruguay, José Mujica, envió este martes el Congreso de su país el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, iniciativa que decreta al sector de interés público, para así garantizar su regulación por el Ejecutivo, mediante un conjunto de normas que permitan un “sistema con competencia equilibrada, pluralista y de acceso universal”.
El texto expone que el objetivo fundamental es «regular los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual», para “generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores»,
En ese sentido, el Gobierno define a los Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) como «servicios culturales, de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional» y, por lo tanto, de «interés público».
Con base en ello, Mujica sostiene que «es deber del Estado asegurar el acceso universal» a los SCA y “contribuir a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento».
Otro de los aspectos fundamentales es el tratamiento de los monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual, ya que «conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas».
En ese sentido, la norma determina que «es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control».
En ese orden de ideas, el texto defiende también «la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad de los SCA». Al respecto, se propone pasar de la actual «situación precaria y revocable», a un sistema de concesiones de uso y autorizaciones «con plazos determinados y renovables».
Al respecto, se busca pasar de la «situación precaria y revocable» de la actualidad a un sistema de concesiones de uso y autorizaciones «con plazos determinados y renovables».
Adicionalmente, el proyecto prevé crear una autoridad de aplicación, denominado Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), cuyas tareas serán «proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas» del sistema.
Libertad de prensa
Otro elemento propuesto es es el establecimiento de cuotas mínimas de producción nacional, disposiciones para regular los contenidos en horarios de protección al menor y garantizar la libertad editorial, de expresión e información y la independencia de los medios, además de postular la prohibición de la censura previa.
Asimismo, contempla entre los derechos de los periodistas la posibilidad de «negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento».
La propuesta adiciona un capítulo sobre «autorregulación ética» para los titulares de SCA, a partir de un código «determinado libremente por cada prestador, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve» la eventual futura ley.
Un apartado incluye la regulación de mensajes publicitarios, la obligatoriedad de ceder espacios gratuitos en épocas electorales para propaganda, el uso compartido de canales radioeléctricos y la prohibición a las empresas telefónicas de explotar ondas de radio y televisión.
La iniciativa consta de 13 capítulos y 183 artículos, los cuales serán debatidos, en primera instancia por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado.
teleSUR-EFE-LaRepública-Télam/MARL
