Antes de abandonar la oficina, el joven se detiene y hace lo único que puede con su rabia, resopla una mirada de odio contra el burócrata que lo acaba de “atender”. La chica que espera a la entrada del recinto es la siguiente víctima. Se aproxima al mismo escritorio, ilusamente confiada de poder domar la hostilidad de rigor con una sonrisa. Intenta hablar, pero el gesto cortante del verdugo la detiene.
—-Un momento—, decreta el hombre, y pierde un poco de tiempo antes de autorizar a la joven con una seña, como si de un animalito de circo se tratara.
—-Quiero registrarme como trabajadora independiente—- titula ella. “Debe llenar la información de la planilla TA-1…”, comienza a recitar de memoria él. “Tengo lista una”, desafía la chica, y coloca el recaudo en la zona de duelo.
Mitad descolocado, mitad malévolo, el funcionario examina la hoja y procura más recaudos. Pero toda copia, todo formulario que exige es consignado de inmediato.
Para conocer el desenlace de este drama, entre en Youtube y escriba en la barra Burocracia “Max Weber” (sociólogo a quien se le atribuye la concepción del modelo burócrata en la administración pública). Se trata de un video producido a manera de crítica frente a los anacronismos de tal sistema, usuales en gran parte del planeta.
COMPAÑERAS DE OFICIO
Luego de un episodio así, pero en el ámbito nacional, lo común es que el trámite burocrático desemboque en un delito de corrupción.
El pasado 24 de junio, durante la conmemoración de los 192 años de la Batalla de Carabobo, el presidente Nicolás Maduro dejó clara la relación entre estos dos vicios, la corrupción y la burocracia, esta última entendida como la “administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas (RAE)”:
“Sólo luchando contra el burocratismo nosotros podremos lograr una revolución eficiente que atienda los problemas del pueblo. O lo hacemos hoy, y lo hacemos nosotros, o la corrupción se va a tragar la Patria”, advirtió el jefe de Estado.
Más allá de los trámites, las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República (CGR) reseñan diversas irregularidades en todo el aparato burocrático. El informe de actuaciones 2012 (disponible en la página web del organismo) explica algunas de las más frecuentes.
Facturación con datos insuficientes para respaldar gastos; ausencia de actas de entrega en el proceso de sucesión de cargos; expedientes de compra sin requisición ni comprobante de recibido; gastos de traslado sin relación del personal que viajó ni detalle de viáticos; bienes relacionados en inventario que ya no están allí donde deberían.
Todos estos procedimientos tienen su marco de referencia en las Normas Generales de Control Interno, que igual se ignoran en gran parte de los organismos públicos.
Otra irregularidad muy habitual tiene que ver con la consulta de precios. Ésta consiste en solicitar tres presupuestos antes de contratar bienes y servicios con ciertos parámetros de costos (ver artículos 73 al 77 de la Ley de Contrataciones Públicas). Normalmente, el funcionario que se ocupa de la compra hace trato directo con un proveedor amigo o conocido para que este último resulte elegido; el primero solicita dos cotizaciones a otras empresas e informa el monto ofertado de ambas al “amigo”, de manera que éste pueda competir con un precio menor. Si no es así, el mismo proveedor predestinado es quien consigue los otros dos presupuestos que completarán el protocolo. Al final, el favor puede ser recompensado mediante alguna comisión o regalo.
Aunque la fachada en cuestión nada tiene que ver con los aperitivos de tradición española, es conocida como “las tapas”.
El informe de las actuaciones 2012 también reseña la emisión de solvencias, la laboral, por ejemplo, a organismos públicos y privados que no están al día con sus obligaciones sociales; desviación de gastos presupuestados para fines distintos; o anomalías en las nóminas de sueldos y salarios, algunas sin soporte de recibido por parte de los trabajadores, y otras con personas incorporadas bajo la figura de “asesores”, que además nadie conoce.
Hay más: colocaciones financieras con recursos destinados a proyectos públicos; cobro de tarifas por la prestación de servicios gratuitos; y el conocido sobreprecio, que aplica cuando el costo real del producto o servicio se infla en el presupuesto.
PAGO Y QUITO
Parte de las irregularidades descritas son engendradas a partir de actores privados,
El hecho de ofrecer dinero y prebendas para conseguir una solvencia, quedarse con un contrato y/o valerse de un amigo “bien conectado” ya implica al menos tres de los delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción (ver título IV de la norma).
Un caso que se repite en los informes de auditoría remite a obras inconclusas o mal terminadas y a contratistas privadas que, dos y tres años después, no han rendido los resultados prometidos tras recibir montos millonarios por concepto de anticipo.
Valga este ejemplo: una empresa fue contratada en 2004 para edificar el urbanismo de interés social Mata de Coco, en el estado Miranda. Cuando construyó la red de cloacas, compró y colocó tuberías de menor diámetro con respecto a lo presupuestado. El “error” de cálculo ocasionó el colapso del sistema e hizo que las aguas servidas se desbordaran en los baños y dañaran el pavimento interno y externo de los edificios. Aparte, todavía tiene en su poder 2,72 millones por anticipos no amortizados.
NUEVOS ACTORES, VIEJOS VICIOS
Los consejos comunales están sujetos a la supervisión de la CGR y a la figura de contraloría social (ver artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de Consejos Comunales).
Durante una entrevista con Ciudad CCS, la contralora general Adelina González explicó que ya se han detectado fallas, algunas originadas por “los mismos mafiosos de siempre; empresas que antes conseguían los contratos en las alcaldías y ahora tratan de embaucar a los consejos comunales”.
Otras desviaciones son responsabilidad directa de los integrantes del consejo. “Vimos casos en los que las personas con firma autorizada y los administradores eran del mismo grupo familiar”, apunta González.
Los auditores señalan ausencia de rendición de cuentas. En tanto los ciudadanos no exijan información, el espacio para la corrupción es más holgado.
AUDITORÍA. ¿Y LUEGO QUÉ?
La CGR define auditorías en función de un plan operativo anual y las denuncias recibidas.
El auditor selecciona un tema y período específico. Por ejemplo, los contratos de ejecución de un estadio entre 2006 y 2007.
Cuando identifica anomalías, rinde un informe preliminar a la máxima autoridad del organismo, con recomendaciones para corregir las fallas.
Luego redacta el informe definitivo. Si lo considera, cita a los presuntos responsables y evalúa sus argumentos.
Culminado el proceso, la CGR decide si aplica o no la Responsabilidad Administrativa, donde se declara que el o los ciudadanos de nombre “X” fueron culpables. Aunque esta sanción moral suele subestimarse, constituye una tachadura en la reputación de cualquier funcionario.
La Responsabilidad Administrativa va acompañada de las multas definidas en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la CGR.
Dependiendo de la gravedad del ilícito, puede suspender, destituir o inhabilitar a los involucrados para ejercer cargos públicos hasta por 15 años.
Pero la CGR no puede imponer castigos más allá de esto. Cuando hay indicios de responsabilidad penal, el caso se remite al Ministerio Público, sobre el cual pesa la responsabilidad de que el hecho no pase a formar parte de las estadísticas de impunidad.
Yesenia Chapeta
Ciudad CCS
