Trabajadores administrativos del Ministerio de Salud (Minsa) de Perú iniciaron este martes un paro por 72 horas, en rechazo a que se les haya incluido en la cuestionada Ley de Servicio Civil aprobada por el Congreso peruano en julio pasado.
La secretaria general de la Federación Unificada de Trabajadores del Minsa, Susana Palacios, informó que presentaron al Ejecutivo un pliego con once puntos, en los que precisan sus principales demandas, reseñó Telesur.
En caso de no tener respuesta por parte del Gobierno, advierten que la paralización podría convertirse en una huelga indefinida en septiembre, precisó Palacios.
En el pliego entregado al Ejecutivo rechazan la medida que dividió en dos bandos a los trabajadores del Minsa. Por un lado los profesionales de la salud y por el otro los técnicos, auxiliares, asistenciales y administrativos, quienes han sido absorbidos por la Ley del Servicio Civil.
Palacios manifestó que no están dispuestos a dejar por fuera a más del 70% de los trabajadores de la salud, “porque de ser así yo no sé qué tipo de reforma sería esta”.
La representante sindical recordó que ya tuvieron una reunión con la ministra de Salud, Midori de Habich, quien se comprometió a solucionar sus reclamos principales. No obstante, insisten en concretar un encuentro con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez.
Además de este reclamo, los trabajadores administrativos del Minsa recordaron que el Gobierno nacional tiene pendiente un pago que se les debe desde el año 1994, el cual asciende a 1.800 millones de soles (más de 642 millones de dólares).
La paralización de estos trabajadores sucede apenas una semana después que la Asamblea de la Federación Médica Peruana decidiera suspender la huelga nacional que llevaron a cabo durante casi 30 días, tras analizar la contrapropuesta planteada por el Gobierno de Ollanta Humala, sobre un reajuste salarial y mejoras en el sector salud.
La Ley de Servicio Civil está orientada a que los servidores del Estado «alcancen mayores niveles de eficiencia y presten servicios de calidad», cuestión que los manifestantes califican como una manera de facilitar los despidos en la administración pública.
