El secretario de Estado de los Estados Unidos (EEUU), Rex Tillerson, quien ocupó la Presidencia y Dirección Ejecutiva de la transnacional Exxon Mobil, afirmó, el pasado jueves, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro «debe rendir cuentas».
La información la dio a conocer en rueda de prensa, desde Texas, justo antes de su salida hacia México, donde iniciará una gira de una semana por varios países de América Latina.
En este sentido, Tillerson aseveró: «Un cambio de régimen siempre será mejor que un cambio violento«, lo que representa un abierto ataque injerencista contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, el secretario de Estado de EEUU ha emanado consecutivas declaraciones que violan el Derecho Internacional y la soberanía de Venezuela, como en agosto de 2017, cuando amenazó con intensificar las medidas de «cambio de condiciones» en el país, dirigidas a deslegitimar y provocar una salida violenta del gobierno al presidente Nicolás Maduro, electo de manera constitucional y democrática.
Cabe destacar que Tillerson no ocupó nunca un cargo en la Administración Pública, y desde hace un año, dirige la Cancillería de EEUU, tras desempeñarse por 40 años en la petrolera estadounidense.
Recordemos que la Exxon es una de las transnacionales que extraían petróleo en Venezuela, durante la época de la Apertura Petrolera, bajo condiciones muy desventajosas para el país, por la mínima participación patrimonial que tenía el Estado venezolano en dichas negociaciones.
Con la Apertura Petrolera, la participación fiscal del Estado se regaló, en términos reales, así, este recurso pasó a engrosar el patrimonio del capital petrolero internacional, puesto que la regalía fue reducida casi a 0% y el ISLR se rebajó, de un 64% durante la Nacionalización Petrolera, a un 34% en la Apertura.
Asimismo, de manera insólita, en este periodo, la soberanía jurídica sobre el recurso petrolero del Estado venezolano quedó condicionada al arbitraje internacional, por una política de negociación que ponía en peligro aún la administración de la principal industria del crudo en el país, Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa).
¿En qué consistía el Proyecto ejecutado con la Exxon Mobil?
El Proyecto Cerro Negro se estableció en 1997 como un convenio de asociación, con vigencia de 35 años, y comenzó a operar desde el 30 de junio de 2007.
Comprendió la explotación de crudo extrapesado, la construcción y operaración de un mejorador en el Complejo Industrial Jose, en la costa del estado Anzoátegui, con capacidad para procesar alrededor de 120 mil barriles diarios de petróleo, que serían enviados a la refinería de Chalmette en Nueva Orleans, Estados Unidos.
Con la llegada de la Revolución Bolivariana, el Comandante Chávez dio un giro de 180 grados a la política de explotación de los yacimientos petroleros, en el marco de la Plena Soberanía Petrolera.
El 1º de mayo de 2007, el Gobierno venezolano impulsó la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco y de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, entre los cuales figura el establecido con la Exxon Movil.
El Comandante Chávez detuvo el proceso de privatización de la industria petrolera, que comenzó en los noventa, con los gobiernos del puntofijismo.
Tras la nacionalización petrolera, el Gobierno Bolivariano creó empresas mixtas para la explotación petrolera, en las cuales predomina el capital del Estado venezolano y tiene un porcentaje menor la inversión internacional.
Además, el Estado venezolano aumentó los impuestos a los proyectos petroleros ejecutados en sociedad de Pdvsa y las empresas trasnacionales, contrariando lo establecido en el contrato con la empresa Exxon Mobil.
Esto, aunado a los recortes de la producción, acordados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual forma parte Venezuela, afectó considerablemente las ganancias proyectadas inicialmente por la Exxon Mobil.
Sobre la demanda de Exxon Mobil a Pdvsa
En 2007, la Exxon Mobil demandó al Gobierno de Venezuela ante el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial y ante la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés), por la nacionalización de los proyectos de Cerro Negro y La Ceiba, ambos ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Además, ese mismo año, la empresa, que pedía 12.000 millones de dólares como compensación, demandó a Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), y tres meses después, demandó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ante la ICC.
En 2011, la ICC emitió un fallo que establecía que Pdvsa debía pagar a la Exxon Mobil 907 millones de dólares. Sin embargo, el Informe de Gestión de Pdvsa, en 2013, señala que solo le correspondió pagar 251 millones de dólares, después de descontar endeudamientos.
Las demandas se originaron luego de que la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, creada en 2006, estipuló que el Estado venezolano controlaría directa y exclusivamente todos los proyectos petroleros con 60% de las acciones y estableció nuevos impuestos, sobre una base de negociación distinta, que protege al Estado venezolano como ente rector y autónomo del recurso petrolero.
Los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, incluidos aquéllos que se encuentren bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, pertenecen a la República y son bienes del dominio público, por lo tanto inalienables e imprescriptibles.
Ley Orgánica de Hidrocarburos
De esta manera, los intereses de las empresas asociadas disminuyeron considerablemente, pese a lo cual, la mayoría de estas aceptó reducir su participación en los proyectos petroleros, a excepción de la Exxon Mobil y Conoco Phillips, que rechazaron esta nueva política de negociación del Estado venezolano
La Exxon Mobil tenía 42% de las acciones del proyecto Cerro Negro y no aceptó la oferta de indemnización del Estado venezolano, que ascendía a 750 millones de dólares para 2007.
En 2015, el Comité de Anulaciones del Ciadi determinó que el tribunal a cargo de la sentencia se extralimitó en sus facultades, en el cálculo de la compensación otorgada a la Exxon-Mobil por la expropiación del Estado venezolano de la inversión de la empresa en el proyecto.
En 2017, la Exxon Mobil perdió ante el Ciadi una demanda que ordenaba al Gobierno venezolano el pago de 1,400 millones de dólares a la empresa por la expropiación del complejo petrolero Cerro Negro, en la Faja Petrolífera del Orinoco.
¿A qué ajuste de cuenta se refiere entonces Tillerson?
Rex Tillerson enfatizó que no permitirán que el pueblo venezolano «pase hambre y continúe oprimido bajo una dictadura», y prometió «la instauración de un nuevo gobierno y el restablecimiento de las instituciones», cuando el Presidente constitucionalmente electo, Nicolás Maduro, dirige actualmente el Gobierno Nacional, al mando de todas las instituciones democráticas venezolanas, en pleno funcionamiento.
Es curioso que el secretario de Estado de EEUU se interese tanto en Venezuela, cuando hay vastas regiones que padecen desnutrición, hambre y pobreza extrema, como en el continente africano, y pese a las millones de pérdidas humanas, no logran despertar el interés del Gobierno norteamericano.
Sin embargo, Venezuela, tras un sabotaje económico, intensificado desde el pasado año 2013, cuando partió físicamente el Comandante Hugo Chávez, fue declarada, en 2015, «una amenaza inusual contra los intereses del Gobierno de los EEUU».
Actualmente, sufre los embates de un bloqueo financiero y comercial, ilegal y unilateralmente impuesto por el Gobierno de ese país, quien ahora «se preocupa» por el bienestar del pueblo venezolano.
En este punto, afirmamos cabalmente, que la Declaración de Anulación del Ciadi, emitida a favor de Venezuela, el pasado 9 de marzo de 2017, en la cual este organismo decidió procedente la solicitud del Gobierno Nacional sobre la participación de la empresa Exxon Mobil en el Proyecto Cerro Negro de la Faja Petrolífera del Orinoco, es la causa directa de las amenazas de Tillerson, quien ve la política petrolera soberana de un país bajo su reducida óptica personalista de «ajuste de cuentas».
Hacia dónde va la política petrolera del Estado venezolano
En la declaración del Ciadi en 2017, destaca que Venezuela, «cuenta con las reservas probadas más grandes del planeta, que ascienden a más de 300 mil millones de barriles de crudo», condición que perfila al país como idóneo y de, «puertas abiertas para la inversión internacional», paradógicamente, EEUU, emite, ese mismo año, un bloqueo financiero y comercial sobre este país, de manera completamente arbitraria y autoritaria, pretendiendo ejercer una dictadura mundial sobre otros Estados soberanos.
En esta ocasión, el Gobierno Nacional ratificó, a través de un comunicado oficial, que Venezuela es el país de las inversiones energéticas del futuro:
Venezuela manifiesta su compromiso para acatar y cumplir a cabalidad esta decisión, que representa un triunfo judicial incontrovertible en defensa de los derechos soberanos e irrenunciables de nuestra Patria sobre nuestros recursos energéticos.
Ratificamos a Exxon Mobil y a las empresas internacionales nuestra disposición a seguir trabajando juntos en proyectos energéticos para el desarrollo de Venezuela, en el marco jurídico nacional y del Derecho Internacional, para el progreso de nuestro pueblo.
Prensa Digital Mippci
