La decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de asumir, en su carácter plenipotenciario, las funciones en materia de seguridad y economía del Poder Legislativo, es una acción legal que permitirá preservar la paz, la institucionalidad y fortalecer el desarrollo económico del país, aseguran abogados constitucionalistas.
La decisión de la ANC se basa en el artículo 349 de la Constitución de la República y no representa la disolución del Parlamento en desacato, pues ambas poseen la legitimidad de origen dada por la elección popular de sus miembros, según información de la Agencia Venezolana de Noticias.
Al respecto, Durga Ochoa, diputada a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria y vocera principal del Movimiento Nacional de Abogadas y Abogados Patriotas, señala que la pretensión de los que hoy dirigen el Poder Legislativo es lograr la intervención militar en Venezuela para salvaguardar sus intereses económicos en detrimento del bienestar del pueblo.
«No podemos tener Poderes que no estén a la disposición de lo que significa la ANC. En ese sentido, lo único que se visualiza acá es que las personas que fungen como directivos de la Asamblea Nacional, siguen desconociendo la voluntad de Venezuela, y no generan las condiciones necesarias para que los intereses del venezolano se enrumben a un futuro donde podamos garantizar satisfacción a todas las necesidades», manifestó.
Por su parte, el escritor, analista político y abogado constitucionalista, Félix Roque Rivero, indicó que la ANC cuenta con poder supraconstitucional para asumir todas las competencias del Poder Legislativo.
Sin embargo, Ochoa explicó que la Constituyente no podría disolver a la AN por ser un poder constituido, establecido en el artículo 136 de la Carta Magna de 1999, aún en vigencia.
«Es importante aclarar que este organismo sigue en ejercicio de sus funciones tal como lo establece la ley», dijo.
Consecuencias
De continuar la persistencia de la AN en desconocer el carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente, «sus representantes tendrán que asumir las consecuencias de sus actos», aseguró
Recordó que desde el 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición venezolana ganó la Asamblea Nacional, comenzó a cometer desacatos que llevaron al Tribunal Supremo de Justicia a declarar nulas sus decisiones y actos «por omisión parlamentaria inconstitucional».
Coincidió con Ochoa en que el deber constitucional de la AN es subordinarse a la ANC como lo establecen los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución, y como ya lo han hecho el resto de los Poderes Públicos.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, «en un gesto demócrata, acudió a la asamblea y se subordinó ante esta, siendo ratificado en el cargo, al igual que otros poderes, dieron ejemplo de apego a las leyes», recordó el abogado.
Prensa Digital Mippci / AVN
