Las acciones de violencia y terrorismo que han perpetrado en distintas ciudades del país grupos extremistas de derecha además de generar la irreparable pérdida de vidas humanas, heridos y generar zozobra a los habitantes de dichos lugares; ha provocado pérdidas económicas que continúan afectando la vida de la población.
Este jueves el Banco Central de Venezuela divulga un informe que señala como estos focos de violencia han afectado tanto los precios como la distribución de bienes y servicios en el país.
“Estas perturbaciones, de carácter extraordinario, ajenas a los factores propios de toda actividad productiva, influyeron desfavorablemente en los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, al presionar, como se ha observado, la disponibilidad de bienes en los anaqueles de los establecimientos públicos y privados, con el consecuente efecto en los resultados de la inflación”, destaca el informe que elaboran de forma conjunta Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística.
En marzo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunciaba que las pérdidas por los daños causados al país por los grupos violentos fascistas ascendían a un estimado de 10 mil millones de dólares.
Dicha cifra intenta englobar las pérdidas generadas en las diversas instalaciones públicas atacadas, decenas de unidades de transporte que han sido quemadas, así como los camiones de alimentos, para el traslado de bombonas de gas, instalaciones educativas, plazas públicas, semáforos dañados, alumbrados, así como la caseta del metrobus en Altamira en Caracas, que resulto quemada en un par de oportunidades.
De igual manera, estas acciones de desestabilización han perturbado el normal funcionamiento de servicios públicos fundamentales, como la distribución de alimentos.
A finales de marzo, el viceministro para la Producción Alimentaria, Carlos Franklin Cesis, denunció que se habían dejado de distribuir 280 toneladas de alimentos a consecuencias de los actos violentos perpetrados por grupos de ultraderecha desde el pasado 12 de febrero.
En dicha ocasión explicó que dicha situación representaba una pérdida de seis millones 700 mil bolívares, además que se había dejado de atender a 25.000 personas.
Para esas fechas, los estados más afectados eran Zulia, Bolívar, Carabobo, Táchira y Mérida; lugares en donde se habían atacados distintas infraestructuras del sistema de distribución planificada de alimentos del Estado venezolano, como Abastos Bicentenarios, Pdval o Mercal en ciudades como Maracaibo, Puerto Ordaz, Valencia, San Cristóbal y Mérida.
A las pérdidas materiales directas por el daño en infraestructuras, vehículos de transporte y demás instalaciones habría que sumar los daños causados a terceros; como los casos de pequeños comerciantes y empresarios que han visto afectadas sus normales labores económicas por estas acciones de violencia.
En este sentido, el ministro para el Turismo, Andrés Izarra, informó durante las festividades de carnaval que los habitantes del estado Mérida dejaron de percibir 130.000 millones de bolívares por la violencia fascista que perturbó las actividades turísticas y de esparcimiento en esta región del país, en donde el flujo turístico cayó en 45,5%.
Pese a esto, explicó que el turismo en el país durante la temporada de carnaval creció en 10,8%, puesto que se movilizaron 3.882.156 personas, pero esto no fue así en Mérida.
Solamente en sendas acciones violentas que perpetraron grupos terroristas a mediados de marzo en contra de las sedes del ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Parques en la capital del estado Mérida causaron pérdidas por 19 millones de bolívares.
Estas acciones incluyeron la incineración total de cinco vehículos logísticos, una retroexcavadora y una máquina aplanadora, el robo de 28 equipos de computación y de equipos para el trabajo de campo como GPS, brújulas, motosierras y herramientas para el combate de incendios forestales, destacan entre las pérdidas materiales sufridas en los edificios del Ministerio de Ambiente y de su ente adscrito Inparques.
Pero las guarimbas también han significado un costo ambiental para la población venezolana. Solamente entre el 12 de febrero hasta marzo los grupos extremistas habían destruidos 5.000 árboles para montar las barricadas en distintos lugares del país.
También han causado un daño inmaterial, pero contundente, a los habitantes de distintas zonas urbanas de clase media cuya vida se ha visto afectada por la violencia derechista. Estas ciudadanos se han visto en la obligación de quedarse encerradas en sus casas, ya que estos grupos perpetraron ataques violentos a todo costo y, en muchos casos, con la complicidad de las autoridades locales.
Las pérdidas estimadas por las acciones violentas de la derecha recuerda al golpe de Estado de 2002 que generó daños cuantiosos a la Nación, tales como el incremento del desempleo- con una baja de 500 mil puestos de trabajo- aumento de la pobreza, cierre de pequeñas y medianas empresas y comercios, así como el desabastecimiento de productos alimenticios, medicinas, gas y combustible.
AVN
