En el año 2003, cuando el presidente Chávez creó la Misión Alimentación, ya se avizoraba la fuerte tensión entre los grupos empresariales que controlan la producción y distribución de alimentos en Venezuela y el Gobierno nacional.
Aquella medida, señalaba el entonces Presidente, era una respuesta a la escasez inducida de alimentos y otros rubros que se dio durante el Paro Petrolero de 2002, y buscaba disminuir el control y manejo político del abastecimiento de comida en el país.
La medida fue profundizada posteriormente con la creación en 2008 de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) y con la adquisición en 2011 de la Red de Abastos Bicentenario, para conformar una red pública de distribución de alimentos al mayor y al detal. El impacto fue tal, que en 2014 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) otorgó a la Misión Alimentación un reconocimiento por los logros alcanzados en materia de seguridad alimentaria y en el acceso a los alimentos de la población. Sin embargo, 13 años después de su creación, Venezuela continúa con un modelo de distribución dominado por corporaciones privadas.
Hoy los anaqueles se encuentran nuevamente vacíos en el país, lo cual conlleva a interrogarse, y con validez, si la razón está en una disminución sostenida de los niveles de producción, como han señalado reiteradamente sectores de oposición, o si otra vez la razón es política y adelantada por los grupos que adversan al Gobierno Bolivariano, y que aún mantienen su predominio en la red de abastecimiento.
El contrabando de productos regulados en la frontera, su desvío ilegal desde comercios privados para su posterior venta a precios especulativos en plazas, calles,o incluso, en mercados municipales, las ya casi cotidianas incautaciones de mercancía por las autoridades, así como el acaparamiento de toneladas de productos en galpones de reconocidas empresas nacionales y multinacionales, apuntan a que en Venezuela existen distorsiones deliberadas en las redes de distribución de alimentos, y que la escasez no solo se debe, entonces, a la producción (en la que también, además, se han constatado irregularidades).
A este respecto, recordados son los casos de enero de 2015 de las empresas Hermanos Herrera C.A. (vinculada a Voluntad Popular y encargada de la distribución de productos de las marcas Kellog’s, Nestlé, General Mills, Avelcasa, Procter & Gamble y Pfizer), y Cargill de Venezuela (proveedora de las marcas Mimesa, Ronco, Blancaflor, Girasol, Vatel, entre otras), ambas inmersas en un escandaloso episodio de acaparamiento de toneladas de productos, hecho del que supo el país gracias a los operativos de fiscalización efectuados por el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) .
Sin complicidades, el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, ha admitido también la participación de funcionarios públicos en el desvío de productos y, en consecuencia, su gobierno activó desde el pasado mes de enero la“Operación Ataque al Gorgojo”, con lo cual se intenta frenar la participación del sector estatal en lo que las autoridades del país han catalogado como una auténtica Guerra económica, y que forma parte de la Guerra no convencional que se ha aplicado contra la Revolución bolivariana.
Como consecuencia, centenares de funcionarios de todos los niveles de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), de la Red de Abastos Bicentenarios y de Mercal, entre otros, fueron aprehendidos e imputados por el Ministerio Público, en el marco de la lucha por los derechos alimentarios del pueblo y la batalla anticorrupción anunciada por el Mandatario.
Pero las medidas no solo se han limitado al aspecto jurídico, y es así como desde el pasado mes de marzo el Ejecutivo se propuso reformular la Misión Alimentación, ya no creando centros de comercialización al detal o mercados comunales a cielo abierto, sino involucrando al propio pueblo organizado en la distribución de sus alimentos. La nueva apuesta del Gobierno Bolivariano por lograr independencia en la cadena de abastecimiento y frenar los eventuales asedios de productores y distribuidores se centra en la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Ofensiva alimentaria
El presidente Nicolás Maduro constituyó el primer CLAP del país el pasado 3 de abril, una nueva figura de organización popular para la distribución de alimentos, que opera conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, y cuyo objetivo es garantizar los derechos de la población en materia alimentaria, saltándose los intermediarios comerciales -donde se trancaba la distribución-, a través de la colocación de productos de forma directa en los hogares venezolanos.
Los CLAP abastecen principalmente de productos de primera necesidad (harina de maíz precocida, aceite, arroz, leche en polvo, pollo, carne, margarina y granos) y su mecanismo de funcionamiento casa por casa y de venta directa asegura que la mercancía llegue a las familias a precios justos, combatiendo la especulación, el acaparamiento y la usura.
El objetivo es que además de los productos alimentarios, se incorporen otros renglones como los de higiene, medicina y limpieza, informó el Presidente de la República. Es una respuesta de carácter social a la férrea escasez y una medida para combatir la emergencia económica.
Pueblo organizado
Actualmente los comités están conformado por miembros de la Unión Nacional de Mujeres (Unamujer), de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), del Frente Francisco de Miranda (FFF), consejos comunales, jefes de calle del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, representante de la red de pequeños y medianos productores, entre otros líderes comunitarios.
En su estructura cuentan con diferentes áreas de trabajo, incluyendo una encargada de identificar comunidades con potencialidades productivas, y otra de controlaría, para evitar nuevos desvíos de los productos. Para prevenir hechos de corrupción, asimismo, los comités deben certificarse por el Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales y trabajan bajo la normativa establecida por el Sistema de Distribución y Abastecimiento Popular.
El pasado 28 de abril, de hecho, se inició el proceso de registro y verificación de los CLAP, cuyo fin, de acuerdo con las autoridades, es evitar la infiltración de “bachaqueros”. De igual modo, en cada comunidad el comité realiza un censo casa por casa, tomando algunos datos del grupo familiar, para evitar duplicados y otras irregularidades. Actualmente se avanza en la creación de una base de datos territorial para el cálculo óptimo de mercancía y distribución.
Saldo positivo
Desde el pasado 3 de abril hasta la tercera semana de mayo se habían entregado en todo el país 34 mil 818,4 toneladas métricas (TM) de alimentos en 6 mil 682 comunidades de 264 municipios, y se habían constituido 10 mil 901 comités, cifras que cada día van más en aumento. En las dos últimas semanas se hicieron entregas de 209 TM de alimentos en Anzoátegui, 23 TM en Trujillo, y 94 TM en Barinas, mientras el pueblo continúa organizándose en comités.
En Venezuela se concibe la alimentación como un derecho social, en ese sentido, la República es signataria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece la garantía al acceso a los alimentos como una dimensión de ese derecho. Con esa perspectiva, el Gobierno bolivariano impulsa la soberanía alimentaria y la organización del pueblo para la producción y distribución de sus alimentos.
Aquel pueblo que un día fue señalado por las burguesías de dejarse chantajear con un “bozal de arepa” -en referencia al innegable acceso a la alimentación del cual ha disfrutado en Revolución-, hoy pretende ser chantajeado por esa misma burguesía privándole los alimentos.
