En los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se debe poner en debate el actual modelo de desarrollo que impera en el país, afirmó este viernes la ex senadora Piedad Córdoba.
Durante una rueda de prensa de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), la también defensora de derechos humanos señaló que la sociedad civil y los movimientos populares deben participar en las pláticas que comenzaron días atrás en la ciudad noruega de Oslo.
Córdoba indicó que en la nación suramericana existe «un modelo de desarrollo aplastante», que permite el saqueo de los recursos naturales y la minería extractiva, entre otros.
Para la ex senadora, si no hay voluntad de un cambio profundo del modelo político y económico en Colombia, el resultado generará «una nueva geografía de la guerra».
La representante de CCP expresó que la organización, junto a otras cientos reunidas Ruta Social Común por la Paz (RSCP), «tenemos una voz propia», que resumen las inquietudes de muchos sectores del país, explicó la ex senadora.
Más allá de los cinco puntos para discutir en la mesa de diálogo por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, la sociedad civil tiene sus inquietudes y preocupaciones que tienen que tomarse en cuenta, destacó Córdoba.
La defensora de los derechos humanos recordó que en las últimas décadas, en Colombia hubo 60 mil personas desaparecidas, ocho millones de hectáreas «arrebatadas» a los campesinos y más de 100 mil ejecuciones extrajudiciales.
Córdoba remarcó que los acuerdos entre ambas partes deben ser «duraderos y no efímeros» y expresó que los medios de comunicación tiene que transformarse en «voceros de la sociedad civil».
La ex senadora agregó que las próximas jornadas de los diálogos de paz, que se llevarán a cabo en La Habana, Cuba, deben ser transmitidas en directo para que el pueblo sepa el desarrollo de las negociaciones.
Desde hace cincuenta años, Colombia vive un profundo conflicto interno armado que todavía no ha sido superado, pese a reiterados intentos de acuerdos entre el Estado y los grupos insurgentes, como también con organizaciones paramilitares de ultraderecha.
