El Ministerio para del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz en conjunto con el Estado Mayor General del Sistema de Protección Popular para la Paz (SP3) adoptaron una serie de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la seguridad del campesino, con especial énfasis a aquellos que están radicados en la frontera venezolana.
La información la dio a conocer la ministra Carmen Meléndez, tras una reunión con los coordinadores y comisionados del Estado Mayor General del SP3 y los diputados ante la Asamblea Nacional (AN) Braulio Álvarez y Orlando Zambrano, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
La Ministra Meléndez mencionó que una de las decisiones tomadas en el encuentro fue la realización de un censo de las propiedades existentes en la zona fronteriza, para lo cual se contará con el apoyo del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), así como también la activación de planes de financiamiento para los campesinos, con la finalidad de promover el desarrollo productivo en el campo.
La ministra indicó también está previsto impulsar la discusión del proyecto de Ley contra el Sicariato de Campesinos, que la Asociación de Familiares de las Víctimas del Sicariato ha elevado ante la Asamblea Nacional.
El pasado 19 de noviembre, la Asociación de Familiares de las Víctimas del Sicariato informó que 178 campesinos han sido asesinados por defender la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, promulgada vía Habilitante en noviembre de 2001 por el comandante de la Revolución, Hugo Chávez.
Sin embargo, el diputado Braulio Alvarez, este jueves en un acto público con el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que han asesinado a 300 campesinos en este año.
«Desde 2001 hemos vivido la furía de la burguesía nacional, de los terratenientes; hemos visto caer asesinados por sicarios pagados a 178 campesinos y campesinas», manifestó Aileen García, de la asociación e hija de Armando García, campesino asesinado el 19 de septiembre de 2002 en el estado Zulia.
García manifestó la necesidad de «castigar a los crímenes que también deben ser considerados de lesa humanidad (…) Nosotros luchamos por la reivindicación de los derechos humanos, por la justicia, la dignidad de nuestros caídos».
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, conformada por 281 artículos, reivindica los derechos del sector campesino frente a los intereses de la élite agraria representada en la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), dedicada a proteger sus grandes latifundios.
AVN
