Las feroces agresiones han posicionado a Venezuela en el tristemente célebre quinto lugar de los países con más personas, empresas e instituciones públicas sancionadas, el tercero en buques y segundo en aeronaves a las que se les han impuesto restricciones violatorias del Derecho Internacional Público, el Derecho al desarrollo y los Derechos Humanos. Durante casi seis años el estrangulamiento sistemático de la economía venezolana (asfixia por definición de la rae), se ha paseado por emisiones de leyes en el Congreso de Estados Unidos, siete órdenes ejecutivas y 352 medidas de sanciones, robo de activos del Estado
venezolano en la nación del norte, allanamiento a sedes diplomáticas, fondos congelados en instituciones financieras internacionales, bloqueo de todo tipo de transacciones, oro monetario de la nación que bancos ingleses se niegan a devolver a Venezuela, perturbación incisiva del comercio exterior (compra de medicinas, vacunas, alimentos y compra-venta de hidrocarburos), y de paso, en tiempos de pandemia a causa de la covid-19, el Gobierno de Estados Unidos le quita 342 millones de usd al Banco Central de Venezuela que iban destinados a la atención de esta.
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