El 20 de febrero de 2014 fueron reportadas las muertes de la señora Doris Lobo, en el estado Mérida, y de Alexis Martínez en el estado Lara, quienes fallecieron víctimas de trampas y obstáculos impuestas por los grupos violentos (llamados por la prensa privada «manifestantes») que impedían el libre tránsito por calles y avenidas principales del país, como parte del plan golpista La salida, impulsado ocho días antes por diferentes dirigentes de la oposición venezolana, entre los que se encontraba Leopoldo López, de Voluntad Popular, y María Machado de Vente Venezuela.
Entre las trampas colocadas por estos grupos se encontraban guayas y alambres de púa tensados entra árboles para herir en específico a ciudadanos que viajaban en motocicleta. Así murió Lobo. Iba de copiloto en la moto de su hijo, quien intentó esquivar la trampa y en la maniobra su madre cayó y sufrió una fractura de cráneo.
Martínez fue asesinado de un disparo efectuado desde un edificio en Barquisimeto mientras despejaba una vía tomada por los violentos.
Aunque por esos días los principales diarios de circulación nacional orientaban su línea informativa a resaltar los muertos y heridos que resultaron de diversas circunstancias relacionadas con las acciones violentas de calle conocidas como guarimbas (que la prensa calificaba de «protestas pacíficas»), el día 21 de febrero, estos medios impresos omitieron informar las muertes de estos dos venezolanos, y las circunstancias en las que sucedieron.
El diario El Nacional, que durante esos días publicaba en su primera página un pequeño recuadro como suerte de contador del número de muertos, heridos y detenidos de las guarimbas, omitió por completo informar acerca de la muerte de estos dos ciudadanos, que cayeron víctimas de acciones violentas de los «manifestantes» mientras intentaban circular libremente en sus ciudades. Sin embargo, al siguiente día, el 22 de febrero, el diario incluyó a los dos fallecidos en el contador de su portada.
Durante los meses de febrero y marzo de ese año, las páginas de los diarios nacionales se esforzaban en proyectar una situación de crisis insostenible en Venezuela, en la que el Gobierno nacional reprimía brutalmente a las «protestas pacíficas», sin explicar que se trataba de grupos organizados que generaban violencia de calle, que impedían el libre tránsito, perturbaban la paz de la ciudadanía, y fabricaban trampas de calle con guayas, aceite y obstáculos que junto a los asesinatos selectivos sumaron 43 personas fallecidas.
Justo un año antes, el 20 de febrero del 2013, la entonces portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de norteamérica (EE.UU) Victoria Nuland, declaró a medios de comunicación el interés y deseo de su Gobierno en que se diera «una transición» política en Venezuela, lo que constituyó un acto de injerencia en los asuntos internos de una nación soberana, pero que, una vez más, fue tomado como lineamiento por la derecha nacional, sus medios y dirigentes.
Esto es evidencia del trabajo engranado entre los medios de comunicación privados y los actores políticos, internos y externos, que durante 17 años de Revolución Bolivariana han intentado propiciar en el país las circunstancias favorables a una intervención extranjera.
En este sentido, históricamente las políticas de los medios de comunicación venezolanos se han correspondido de forma orquestada con el accionar de organizaciones internacionales favorables a los intereses políticos y económicos de quienes adversan a la Revolución.
Como ejemplo, el mismo 20 de febrero pero del año 2002, cuando la maquinaria mediática, nacional e internacional, arreciaba el fuego contra el Gobierno Bolivariano presidido por Hugo Chávez, arribó a Venezuela una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que tras una serie de reuniones con empresarios y dueños de medios de comunicación privados, emitió un comunicado con la determinación de que el entonces Presidente constitucional debía «cambiar su actitud frente a los medios», medios que por esos días incluso hacían llamados abiertos a un golpe de Estado.
El 20 de febrero de 2014 fueron reportadas las muertes de la señora Doris Lobo, en el estado Mérida, y de Alexis Martínez en el estado Lara, quienes fallecieron víctimas de trampas y obstáculos impuestas por los grupos violentos (llamados por la prensa privada «manifestantes») que impedían el libre tránsito por calles y avenidas principales del país, como parte del plan golpista La salida, impulsado ocho días antes por diferentes dirigentes de la oposición venezolana, entre los que se encontraba Leopoldo López, de Voluntad Popular, y María Machado de Vente Venezuela.
Entre las trampas colocadas por estos grupos se encontraban guayas y alambres de púa tensados entra árboles para herir en específico a ciudadanos que viajaban en motocicleta. Así murió Lobo. Iba de copiloto en la moto de su hijo, quien intentó esquivar la trampa y en la maniobra su madre cayó y sufrió una fractura de cráneo.
Martínez fue asesinado de un disparo efectuado desde un edificio en Barquisimeto mientras despejaba una vía tomada por los violentos.
Aunque por esos días los principales diarios de circulación nacional orientaban su línea informativa a resaltar los muertos y heridos que resultaron de diversas circunstancias relacionadas con las acciones violentas de calle conocidas como guarimbas (que la prensa calificaba de «protestas pacíficas»), el día 21 de febrero, estos medios impresos omitieron informar las muertes de estos dos venezolanos, y las circunstancias en las que sucedieron.
El diario El Nacional, que durante esos días publicaba en su primera página un pequeño recuadro como suerte de contador del número de muertos, heridos y detenidos de las guarimbas, omitió por completo informar acerca de la muerte de estos dos ciudadanos, que cayeron víctimas de acciones violentas de los «manifestantes» mientras intentaban circular libremente en sus ciudades. Sin embargo, al siguiente día, el 22 de febrero, el diario incluyó a los dos fallecidos en el contador de su portada.
Durante los meses de febrero y marzo de ese año, las páginas de los diarios nacionales se esforzaban en proyectar una situación de crisis insostenible en Venezuela, en la que el Gobierno nacional reprimía brutalmente a las «protestas pacíficas», sin explicar que se trataba de grupos organizados que generaban violencia de calle, que impedían el libre tránsito, perturbaban la paz de la ciudadanía, y fabricaban trampas de calle con guayas, aceite y obstáculos que junto a los asesinatos selectivos sumaron 43 personas fallecidas.
Justo un año antes, el 20 de febrero del 2013, la entonces portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de norteamérica (EEUU) Victoria Nuland, declaró a medios de comunicación el interés y deseo de su Gobierno en que se diera «una transición» política en Venezuela, lo que constituyó un acto de injerencia en los asuntos internos de una nación soberana, pero que, una vez más, fue tomado como lineamiento por la derecha nacional, sus medios y dirigentes.
Esto es evidencia del trabajo engranado entre los medios de comunicación privados y los actores políticos, internos y externos, que durante 17 años de Revolución Bolivariana han intentado propiciar en el país las circunstancias favorables a una intervención extranjera.
En este sentido, históricamente las políticas de los medios de comunicación venezolanos se han correspondido de forma orquestada con el accionar de organizaciones internacionales favorables a los intereses políticos y económicos de quienes adversan a la Revolución.
Como ejemplo, el mismo 20 de febrero pero del año 2002, cuando la maquinaria mediática, nacional e internacional, arreciaba el fuego contra el Gobierno Bolivariano presidido por Hugo Chávez, arribó a Venezuela una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que tras una serie de reuniones con empresarios y dueños de medios de comunicación privados, emitió un comunicado con la determinación de que el entonces Presidente constitucional debía «cambiar su actitud frente a los medios», medios que por esos días incluso hacían llamados abiertos a un golpe de Estado.
Prensa Mippci
