Miles de uruguayos marcharon hasta el Monumento a la Paz, en la Plaza Cagancha, en rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar inconstitucional una ley que permitía investigar los delitos perpetrados durante la dictadura (1973-1985).
«Es una amenaza en conjunto a la sociedad pues imposibilita en principio que se puedan tramitar todas las causas que la justicia estaba llevando a cabo para enjuiciar a los golpistas y a todas las personas que estuvieron involucradas en grandes violaciones de los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado», advirtió el presidente de la Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay, Gastón Grisoni.
En 1986, tras ser restituida la democracia en Uruguay, se declaró una amnistía llamada Ley de Caducidad, ratificada en 1989 y 2009. En 2011, el poder legislativo uruguayo aprobó un instrumento legal que permitía la revisión de la amnistía, se trata de la ley 18.831 (Ley interpretativa de la Caducidad) y el viernes pasado fue anulada por la SCJ.
“Asisto a este acto con mucha indignación porque esta Suprema Corte de Justicia parece ser muy suprema pero en la injusticia”, declaró Eduardo Galeano al diario La República.
El escritor consideró triste el papel de la máxima instancia judicial del país suramericano y acusó a sus integrantes de ser encomendados “para borrar la memoria, para castigar la dignidad y para perpetuar el miedo”.
«La cantidad de gente que se reúne acá y que muchos no vinieron y que, sin embargo, sin estar están, no quieren un país prisionero del miedo porque los países o las personas presas del miedo no son de verdad libres. La vocación de esta tierra es de valentía y de dignidad, que viene de los tiempos de Artigas, cuyos mensajes siguen vivos entre nosotros”, agregó Galeano.
La indignación del pueblo uruguayo se agudizó el 22 de febrero pasado, cuando la jueza Mariana Mota, la principal investigadora de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, fue trasladada de lo penal al área civil.
Uno de los casos emblemáticos de Mota fue llevar al banquillo y lograr una sentencia de 30 años de cárcel para José María Bordaberry, uno de los artífices de la dictadura, quien murió en 2010 cumpliendo prisión domiciliaria.
AVN
