La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó nuevamente al gobierno guatemalteco a investigar «de manera imparcial» la masacre campesina perpetrada el 4 de octubre pasado en Totonicapán, con el objetivo de «determinar no sólo la responsabilidad de quienes participaron en la comisión de los delitos sino también la que se deriva de la cadena de mando».
En un comunicado difundido este lunes, expertos del organismo multilateral exhortaron al gobierno de Otto Pérez Molina «a que resuelva los asuntos de fondo que propiciaron estos actos de protesta mediante un proceso de diálogo constructivo con los representantes de los 48 cantones de Totonicapán».
El jueves 4 de octubre, por casi 10 horas, los habitantes de los 48 cantones de Totonicapán, en el suroeste del país, manifestaron en cinco puntos de la ruta interamericana en rechazo al aumento del precio de la luz, además de algunas de las reformas constitucionales que adelanta el Gobierno de Pérez Molina.
Inicialmente se dijo que un guardia privado disparó contra un campesino mientras se registraban los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Luego, el gobierno reconoció que siete militares dispararon supuestamente al aire para dispersar a los manifestantes.
«Los expertos de la ONU continuarán vigilando esta situación y las medidas adoptadas por el Gobierno guatemalteco para investigar estos hechos y prevenir la repetición de cualquier acto que atente contra los derechos de los integrantes de los pueblos indígenas, de llevar a cabo actos legítimos de protesta social en reivindicación de sus derechos», finaliza el comunicado.
Este domingo, miles de campesinos participaron en la «Marcha por la vida y la dignidad» para reclamar justicia ante el asesinato de sus compañeros de la etnia Quiché y exigir destitución de varios integrantes del tren ministerial.
La semana pasada, nueve militares, entre ellos el coronel del Ejército Juan Chiroy Sal, fueron detenidos tras ser señalados por perpetrar ejecuciones extrajudiciales durante la protesta pacífica en Totonicapán.
«Frente a estos hechos, consideramos al coronel Juan Chiroy Sal como el principal responsable de los hechos», declaró la fiscal general, Claudia Paz y Paz, tras detallar que «el coronel Chiroy ignoró a las fuerzas civiles, las cuales le dijeron que no recomendaban que llegaran las fuerzas militares» a la zona de protesta.
«Es la primera vez que se procesa a militares por delitos ocurridos en manifestaciones desde el acuerdo de la paz» de 1996, recordó Paz y Paz.
