El Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil, que entregó este jueves el Tribunal Supremo de Justicia a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, consagra la garantía de la justicia gratuita, independiente, equitativa y transparente para el pueblo venezolano, de acuerdo a lo contemplado en la Constitución Nacional, destacó el primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas.
Durante el acto de recepción de ese instrumento jurídico, indicó que a diferencia del sistema corrupto imperante en la cuarta República, que restringía el acceso a la justicia a la población, sobre todo de escasos recursos, la Carta Magna de 1999 consagra la justicia gratuita como un Derecho Humano que encuentra sus principios fundamentales en la igualdad.
Vivas leyó parte del título I, párrafo 3,4 y 5 de la Constitución con la que se fundamentó la escritura de la reforma del Código de Procedimiento Civil.
«Los principios de la solidaridad social y del bien común conducen al establecimiento de ese Estado social, sometido al imperio de la Constitución y de la ley, convirtiéndolo, entonces, en un Estado de Derecho. Estado social de Derecho que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado democrático. Estado social y democrático de Derecho comprometido con el progreso integral que los venezolanos aspiran, con el desarrollo humano que permita una calidad de vida digna, aspectos que configuran el concepto de Estado de Justicia», narró el legislador, en transmisión de ANTV.
Tras exaltar la pertinencia social de esta normativa, explicó que de acuerdo con los procedimientos ordinarios, la Comisión de Política Interior revisará el proyecto, luego será remitido a la Asamblea Nacional, tal como estipula el artículo 207 de la Constitución. Este establece que tiene que existir dos discusiones, y como establece el artículo 211 de la Carta Magna irá a consulta pública.
«Una vez que se haga la consulta pública, sobre un cronograma hecho entre la AN y el TSJ, volverá a la AN para que por segunda discusión sea aprobada», dijo.
Por su parte, la presidenta de la sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Iris Peña, quien hizo entrega del proyecto, resaltó el salto exponencial en la función de impartir justicia que ha experimentado el Poder Judicial en los últimos 15 años.
«La finalidad es dar un vuelco completo al ordenamiento procesal, civil y mercantil para la concreción del Estado social y de justicia que la Constitución define», agregó.
El nuevo proyecto del Código de Procedimiento Civil, propone simplificar los procesos mediante un procedimiento oral, breve, expedito y público, con el que se promuevan medios alternativos de resolución de conflictos, para así garantizar a los ciudadanos una tutela judicial efectiva que se corresponda con la realidad del país.
Asimismo, contempla cambiar el paradigma del juez civil venezolano para hacerlo más proactivo, humano, accesible, visible y comprometido con la sociedad y las transformaciones sociales del país.
Entre otros aspectos novedosos del Código de Procedimiento Civil, también destaca: sustituir el principio de la escritura al de la oralidad; reconocer la jurisdicción y su competencia como asuntos procesales que debe ser revisado por el juez de la audiencia preliminar; otorgar facultades al juez; crear Circuitos Judiciales Civiles; incorporar la Defensoría Pública e implementar medios alternativos de resolución de conflictos.
AVN
