Bony Simonovis esposa de Iván Simonovis
La vocera principal de la Asociación de Víctimas del 11 de abril de 2002 (Asovic), Yesenia Fuentes, aseguró que la amnistía que la oposición ha planteado en la mesa de diálogo con el Gobierno no puede beneficiar al excomisario de la Policía Metropolitana, Iván Simonovis, ni a ninguna otra persona que esté incursa en delitos de violaciones de derechos humanos graves y gravísimas, porque se estarían irrespetando las leyes.
“A él se le está pidiendo este beneficio y por supuesto nosotros, como víctimas del 11 de abril y de la masacre que hubo en Puente Llaguno, nos oponemos rotundamente a dicha medida. Ni el Gobierno, ni la oposición pueden violentar el artículo 29 de la Constitución, ni siquiera el mismísimo Tribunal Supremo de Justicia puede hacerlo”, asintió.
Insiste en que “las medidas humanitarias se le otorgan a una persona cuando está en condiciones terminales”, situación que a su parecer no es la que atraviesa Iván Simonovis. “Lázaro Forero y Henry Vivas fueron beneficiados con una medida humanitaria porque ellos tenían cáncer, y eso se comprobó”, argumentó la vocera de Asovic, en entrevista con el Correo del Orinoco.
Sin embargo, alega que la asociación que representa “ha sido tan noble”, que hasta ahora ninguno de sus integrantes ha ido al tribunal que le compete la causa, que queda en el estado Aragua, a solicitar que se revise la medida de la cual están gozando. Razonó que “si ellos ya se mejoraron deben volver a sus recintos penitenciarios, porque ese es un delito que no prescribe”.
Refiere que el caso de Simonovis es distinto: “Él tiene una enfermedad a causa de la edad; una enfermedad degenerativa, como es la osteoporosis, como es la fibromialgia, y eso no es motivo para que él goce de una medida humanitaria”.
De acuerdo con Fuentes, este debe seguir el tratamiento correspondiente y recibir la atención médica reglamentaria, “que es lo que el Estado hasta ahora le ha brindado”. Además indicó que como parte de los acuerdos en la mesa de negociación, “se va a nombrar una comisión médica para que lo vuelvan a revisar”.
No hay ensañamiento
Esgrime la representante de Asovic que el rechazo a una eventual medida humanitaria para Simonovis no constituye un acto de ensañamiento por parte de las y los afectados durante el hecho.
“Ensañamiento hubo el 11 de abril de 2002 contra el pueblo que estaba concentrado en Puente Llaguno a favor del presidente Hugo Chávez y fue masacrado”, objetó.
A su juicio, los defensores del excomisario han pretendido invertir las responsabilidades, “para hacerlo ver a él como la víctima y colocarnos a nosotros como los victimarios”.
Relató que la bala que a ella lograron extraerle del rostro, tras ser herida en las inmediaciones del centro de Caracas, había sido disparada por un arma de la PM. “Ese proyectil tuvo la cadena de custodia y la experticia reglamentaria, se comprobó que provino de una de las recámaras de la Policía Metropolitana”, recalcó.
Diálogo democrático
Fuentes celebra que el tema de la amnistía y las medidas humanitarias estén siendo abordados en las mesas de diálogo entre el Gobierno y la oposición y que hayan invitado a las y los integrantes de Asovic a participar,
“Con eso queda comprobado, primero, que nosotros somos las víctimas y segundo, que aquí si hubo un golpe de Estado, que aquí estamos las víctimas y que no vamos a permitir una medida humanitaria a favor de Iván Simonovis”, enfatizó.
Además, considera que “con la participación de los autores intelectuales del golpe de Estado del 11 de abril de 2002”, este encuentro evidencia que en Venezuela hay una democracia plena.
Aupando guarimbas
La representante de Asovic asegura que en el centro penitenciario donde se encuentra recluido, Iván Simonovis “auparía las guarimbas” registradas en el país desde hace dos meses.
“Nosotros tenemos pruebas de los mensajes que él envía por Twitter desde la cárcel apoyando la guarimba y pidiendo a esa gente que no desmayen en su lucha”, denunció Fuentes.
Al respecto, la vocera manifiesta no entender cómo una persona que está en las condiciones en las que él se encuentra puede estar incitando a esos actos. “Nosotros sí nos vamos a sentar en la mesa y vamos a llamar al diálogo y a la paz, pero ojo, aquí no hay negociación que valga en cuanto al caso de Simonovis”, puntualizó.
Delicado estado de salud
Para Bony Simonovis, esposa y abogada defensora de Iván Simonovis, la medida humanitaria planteada por los voceros de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro debe ser considerada cuanto antes. “Por el delicado estado de salud que presenta él tiene que ser atendido por sus médicos de confianza y en su casa, tal y como lo contemplan las leyes venezolanas”, declaró al Correo del Orinoco.
Al respecto, manifestó que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y la Constitución de la República establecen que cuando una persona sufre una enfermedad terminal o un padecimiento grave -que es su caso- “se puede acordar una medida por razones humanitarias”.
Pero aclara que “eso no exige que él se tenga que disculpar por delitos que además no cometió, y tampoco significa impunidad; es una medida humanitaria mientras él se recupera y, una vez que se recupere, le correspondería otra vez regresar a la cárcel”.
No obstante, asegura que por el tiempo que lleva en prisión, a su defendido le tocarían medias alternativas del cumplimiento de la pena, “como destacamento de trabajo”, entre otras, que también ha solicitado, “pero nunca hay respuestas por parte del Poder Judicial”.
Sensibilización con los presos
Recordó que cuando el comandante Hugo Chávez descubrió que padecía de cáncer, situación que, alega, fue tomada por ella y su familia “con mucho respeto” -ya que varias personas en su núcleo más cercano han fallecido por causa de la misma- “él se sensibilizó con los presos”.
“En ese momento Chávez instó al poder judicial a tomar medidas para que todas las personas que estuvieran tras las rejas y que padecieran de una enfermedad grave o terminal fueran debidamente atendidas en sus casas, con el amor de su familia”, rememoró.
Con relación al caso de su esposo, señala que “para no herir susceptibilidades” ella simplemente pide que se aplique lo establecido en el artículo 502 del COPP: “A Iván le corresponde esa medida humanitaria y las medidas alternativas del cumplimiento de la pena”.
Recursos agotados
Bony Simonovis señaló que su esposo fue condenado en abril de 2009 a “la pena máxima que permite la ley venezolana, que son 30 años de prisión”. Además mencionó que “fue inhabilitado política y civilmente”, e incluso que también “le quitaron la patria potestad” de sus hijos.
Dijo que en los 9 años y 150 días que lleva detenido, ha agotado todos los recursos en los tribunales. “Después ocurrió la confesión del exmagistrado de la sala penal, Eladio Aponte Aponte, en la que dijo que cuando interpusimos el último recurso, él siguió las órdenes del Presidente, que era condenarlo de una vez”, añadió.
De acuerdo con la abogada, Aponte “leyó en menos de siete días casi 10 mil páginas para ni siquiera admitir el recurso” que habían introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia. “Él después nos pidió disculpas desde Costa Rica con una declaración apostillada, pero para nada ha valido eso”, apuntaló.
Diagnóstico
Su situación jurídica en este momento, precisó, “es que a instancias nacionales él está totalmente condenado y ya se agotó la vía interna”. Dijo que desde hace dos años ha solicitado una medida humanitaria “por su delicado estado de salud”, el cual, según afirma, se va complicando cada vez más con el paso del tiempo.
“Iván presentó un cuadro grave de osteoporosis que fue certificado por un médico forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien señaló que él podía fracturarse espontáneamente el fémur amarrándose los zapatos”, describió. A consecuencia de esa petición, detalló, Simonovis fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, “y allí estuvo a punto de morir”, porque en un momento se sintió muy mal y lo llevaron al Hospital Victorino Santaella, “donde le dieron un diagnóstico errado”.
En julio de 2013 fue ingresado de emergencia en el Hospital Militar de Caracas y operado de la vesícula. Destaca la evaluación médica referida por su esposa que el órgano estaba totalmente necrosado. “Le sacaron más de 300 cc de pus. El doctor nos dijo que, si hubiese tardado cuatro horas más en llegar, no lo habría contado”, relató.
En enero de 2014, prosiguió, el exsecretario de seguridad ciudadana fue nuevamente trasladado de emergencia a un recinto hospitalario, “esta vez por presentar unas complicaciones gastrointestinales”.
Ante esta situación, indicó, ha vuelto a solicitar una medida humanitaria, “pero el tribunal no se ha manifestado”. Asimismo, sostuvo que acudió a la corte de apelaciones, en la instancia superior del tribunal de ejecución, para introducir un recurso de amparo, “y allí tampoco dijeron nada”.
En el mes de febrero, Bony Simonovis fue a la dirección ejecutiva de la magistratura “a denunciar a la jueza” y en marzo pasado volvió a visitar la sala constitucional del TSJ “para interponer un abocamiento”, pero alega que “tampoco ha habido una respuesta satisfactoria”.
Piensa que es un chivo expiatorio
Iván Simonovis fue acusado por tres homicidios de los 19 que hubo el 11 de abril de 2002, pero finalmente “fue condenado por dos muertes, porque lo absolvieron con respecto al caso de una mujer”, explicó la abogada.
En ese caso, asegura, “todavía seguirían impunes las otras 17 muertes, porque aún no aparecen los culpables”. No obstante, para la jurista, “los 19 fallecimientos siguen estando impunes, ya que no se llegó a demostrar que existieran elementos que pudieran individualizar la responsabilidad Iván Simonovis en esos hechos”.
Señaló que incluso, “el jefe de la comisión que investigaba dichos acontecimientos dijo que en ningún momento se pudo acreditar en auto su responsabilidad en los hechos por los cuales había sido acusado”, lo que a su parecer, denota que a su representado “se le quiso utilizar como chivo expiatorio”.
Además, alega que su representado también fue condenado por las lesiones causadas durante ese mismo evento a 25 personas, “que las transformaron después en homicidios en grado de frustración”.
En su criterio, “todos los elementos, desde el punto de vista técnico y balístico, demostraron que los proyectiles que fueron encontrados dentro de las personas que lamentablemente fallecieron ese día, no coinciden con las armas que portaban los funcionarios de la Policía Metropolitana”.
Alega también que su esposo nunca llegó a estar en el lugar de los hechos: “Iván estuvo en Chuao y eso quedó evidenciado a través de una entrevista que le realizó el periodista Javier García de RCTV, a quien le dijo que la marcha solo estaba permisada hasta Chuao”.
“¿Si él supuestamente quería masacrar a las personas, como se ha dicho, cómo es que estaba impidiendo que los que estaban en Chuao fueran hasta Miraflores?”, cuestionó su intercesora.
Asimismo, ratificó que “ningún funcionario de la PM admitió haber recibido una orden de Iván Simonovis para disparar, matar o herir a alguna persona el 11 de abril”, y que la prueba más fehaciente fue que “esa orden no estaba en los radios”.
A criterio de la abogada “fue un grave error haberse repartido los muertos de bando y bando, porque al final todos son venezolanos, pero el error más grande fue no haberse constituido verdaderamente una comisión de la verdad que investigara imparcialmente que fue lo que pasó el 11 de abril, porque todos necesitamos explicaciones”, refutó.
Lección de tolerancia
En palabras de Bony Simonovis, “la cárcel es una gran lección, no solo para quien está preso, sino también para toda su familia”, y en ese sentido, aduce haber tratado de que en su caso esta sea una “lección de tolerancia”. Confía en que tarde o temprano Simonovis saldrá en libertad, y su familia está consciente de que no se puede perseguir a alguien “simplemente por pensar distinto”.
Considera que con soltar a Simonovis “no se van a solventar todos los problemas del país, sin embargo, es un camino de disposición por parte del Gobierno hacia el entendimiento y la paz”.
En su opinión, las posiciones radicales tanto de un lado como del otro le hacen mucho daño al país. Manifestó su rechazo a las protestas violentas de los últimos dos meses. “Yo particularmente ni siquiera apoyo las guarimbas, ni me identifico con aquellas personas violentas que están haciendo tragar bombas lacrimógenas a los vecinos de Chacao, quienes en muchos casos dicen no conocer a quienes están manifestando”, añadió.
Sostiene que no está de acuerdo “con esa anarquía, con ese caos, ni con esa barbarie” que se ha generado en los últimos días, pero sí apoya la protesta pacífica, “enmarcada dentro de la Constitución”, porque piensa que esta no se contradice con el diálogo. “Si hemos llegado a este punto en la mesa de diálogo es precisamente por todas esas acciones de calle”, aseveró. “Yo sí he ido a manifestar con mis letreros, pero sin agredir a nadie, sin golpear a nadie, sin poner en riesgo a nadie”, respondió.
Pero para que el diálogo funcione, analiza, “este debe estar basado en la verdad, en el reconocimiento del otro, en el bien común, en el amor hacia el país, en la reconciliación y, como decía el papa Francisco, en la concordia fraterna entre todos los venezolanos”.
Exponer argumentos
Simonovis indicó que, si es necesario sostener un encuentro formal con algún representante del alto Gobierno o con los familiares de las víctimas para presentar sus argumentos, no tiene ningún reparo en hacerlo. “Si me dan la oportunidad, yo voy, y si me dan el chance de ir a VTV y explicarles a las víctimas por qué desde el punto de vista científico yo considero –y quedó demostrado en el juicio- que mi esposo no es responsable de los hechos por los cuales fue acusado, ahí estaré”, sentenció.
La jurista señala que le gustaría ser “escuchada por personas distintas” de las que creen en la inocencia del exfuncionario policial. “Yo quisiera que esas personas que tienen una duda -razonable además y que se las respeto- me dieran el chance de presentarles mis planteamientos”, reiteró.
Víctimas piden hacer justicia
Víctor Dávila, uno de los afectados por el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, estima que hasta ahora las instituciones del Estado “están haciendo justicia” con respecto al caso. No cree que la amnistía ni la medida humanitaria deban beneficiar a quienes considera responsables de los hechos donde casi pierde la vida.
Davila se trasladó desde Cagua, en el estado Aragua, para Caracas, cuando escuchó a través de Radio Nacional de Venezuela que las revolucionarias y los revolucionarios se estaban concentrando en los alrededores del Palacio de Miraflores para apoyar al presidente Hugo Chávez, quien había sido removido abruptamente del poder mediante un golpe de Estado.
Con una notable afectación en el habla que le dificulta expresarse, explicó al Correo del Orinoco que se encontraba en la parte de abajo del Puente Llaguno cuando recibió un tiro en la cabeza, lo cual hizo que perdiera 30% de la masa encefálica. “No podía caminar, me tenían siempre en camilla, pero fui operado en Cuba y después con la terapia me recuperaron”, relató.
Por su parte, Juan Acosta, víctima también de los sucesos de abril, aseveró que está de acuerdo con que se revisen nuevamente los casos de los exfuncionarios policiales Henri Vivas y Lázaro Forero: “A ellos deberían hacerles un seguimiento para ver cómo se encuentran y si su estado de salud ha mejorado, tienen que devolverlos a sus celdas”.
Acosta recibió un impacto de bala en el cuello, con orificio de salida entre el pulmón y la columna vertebral, mientras auxiliaba a un compañero suyo al que le dispararon mientras estaba participando en la concentración de apoyo a Hugo Chávez en la avenida Baralt.
Fue operado inmediatamente en el Hospital de Catia, pero como al cabo de unos meses comenzó a perder la voz, lo trasladaron en dos oportunidades a Cuba donde finalmente recibió rehabilitación y se recuperó. “Gracias a mi Dios Todopoderoso, a Chávez y Fidel, aquí me tienen bien”, testificó.
Correo del Orinco
