La lucha contra la corrupción suele comenzar con un escándalo. La gente honesta que se entera de las irregularidades clama por ver a los corruptos tras las rejas. Pero entre el dicho y el hecho hay un largo trecho que ha de ser cubierto por organismos como la Contraloría General de la República, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Fiscalía General de la República y los tribunales penales. La sensación generalizada es que los casos se quedan en cualquiera de esos puntos del camino. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz refuta esa conseja con cifras y datos concretos. “En los últimos años, en Venezuela se ha combatido los delitos de cuello blanco”, asegura.
—¿Tiene la Fiscalía el tiempo, los recursos y el talento humano suficientes para enfrentar una lucha a gran escala contra la corrupción?
—No solamente tenemos el tiempo y el recurso, sino que también la capacidad, la preparación, la formación de nuestros fiscales, abogados y especialistas para enfrentar esa lucha. En 2008 lanzamos la Unidad contra la Corrupción y en días pasados, con el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro, y con la demostración que ha dado, la disposición, el empeño que ha evidenciado de luchar contra la corrupción, le hemos dado un reimpulso a esa unidad. El Ministerio Público, como titular de la acción penal, no sólo debe investigar los delitos comunes, sino también los que se cometen contra el patrimonio público, considerándolos como un flagelo perverso que atenta contra la estabilidad de un país, socava sus instituciones y crea unos desvalores en las personas, en especial en los servidores públicos. Acá hemos formado un equipo de especialistas en experticias contables y auditorías. Además nos apoyamos en el trabajo de la Superintendencia de Bancos, la Contraloría y otras instituciones. Internamente, la Unidad contra la Corrupción recibe apoyo de la Dirección General contra la Delincuencia Organizada y de la Dirección contra la Legitimación de Capitales y Delitos Financieros porque todo esto está relacionado.
—¿Pero tienen el tiempo para desarrollar esa lucha?
—Lo tenemos, y si no lo tuviéramos, lo buscaríamos.
—Pese a lo que dicen las matrices de opinión, ¿puede afirmarse que hay resultados concretos de esa lucha?
—Claro que sí, en los últimos años ha habido funcionarios de alto rango enjuiciados: militares, gobernadores, alcaldes, diputados, magistrados. Lo que pasa es que casi siempre estas personas han obtenido tal cantidad de recursos ilícitos que se sustraen de la justicia, se escapan. En los últimos días, luego del llamado del presidente Maduro, hemos tenido gran cantidad de aprehensiones en los casos de Indepabis, Seniat, Ferrominera del Orinoco y el Fondo Chino.
—¿En qué proporción los casos que llegan al Ministerio Público terminan en condena?
—En lo que va de año hemos recibido 3 mil 368 casos, que llegaron por denuncias o por comisiones, es decir, hechos de los que se tiene conocimiento porque hay personas aprehendidas en flagrancia. Hemos presentado 651 acusaciones e imputado a 788 personas. Hasta ahora hay 383 personas privadas de libertad por estos hechos. Tenemos 163 casos en juicio. Este año han recibido condena en juicio 215 imputados. Otro dato interesante es que en toda la gestión han sido condenadas 1 mil 664 personas por admisión de los hechos, es decir, que no se llegó a la etapa final del juicio, sino que el imputado admitió que había delinquido. Es cierto que existe una diferencia grande entre los casos presentados y las condenas, pero hay que tomar en cuenta que en este campo se producen muchas denuncias irresponsables, por rivalidades o rencillas personales. Este tipo de denuncias tienen que ser descartadas porque tampoco se trata de condenar automáticamente a todo aquel que sea denunciado. En los próximos días vamos a abordar 22 casos, algunos de ellos muy importantes.
—Casi siempre que se priva de libertad a alguien, comienza a decirse que es un simple peón del juego, un “chino de Recadi”…
—Los que pasa es que quienes generan esas matrices de opinión quieren que caigan presas, específicamente, las personas que ellos digan que son culpables. La justicia no puede ser acomodaticia, complaciente, tiene que ceñirse a lo que arroje la investigación.
—¿Los fiscales que se encargan de casos de corrupción no tienen entonces, simultáneamente, juicios por homicidios, secuestros, atracos, etcétera, a los que cualquiera le daría prioridad?
—Solo en algunos estados donde tenemos pocos fiscales. De resto, no. Nosotros tratamos de que las fiscalías contra la corrupción tengan pocas investigaciones porque se trata casos que requieren una capacidad técnica muy elevada y porque los fiscales deben estar verdaderamente concentrados en su trabajo.
—¿Y la corrupción interna?
—Por supuesto que los desvalores que hay en el conjunto de la sociedad permean a todas las instituciones y el Ministerio Público no va a ser la excepción. Los fiscales no son elementos aislados, sino que interactúan con esa sociedad. Cuando hemos detectado ese tipo de hechos, los hemos atacado inmediatamente, hemos separado al fiscal de los casos y hemos iniciado las investigaciones correspondientes. En 2008 de acá salió esposado un director y hemos procesado y privado de libertad a varios fiscales y abogados. La corrupción comienza con los reposos falsos. Hicimos una campaña de ataque contra eso porque teníamos al 10% de los funcionarios de reposo médico. Y, por cierto, hago un llamado a todas las instituciones del Estado para acabar con este vicio. Vamos a pedir medidas severas, como privación de libertad y suspensión del ejercicio profesional contra los médicos que otorguen reposos falsos. Acabamos de tener un caso de un funcionario que tenía más de un año de reposo en el Ministerio Público y estaba trabajando en una posada y, encima de eso, en ese otro trabajo incurrió en otro hecho punible y está privado de libertad. Ahora vamos a proceder contra el médico que le dio ese reposo. En cualquier caso que un funcionario del Ministerio Público aparezca involucrado en un hecho punible, procedemos a separarlo del cargo y a abrir la averiguación penal porque el fiscal tiene que ser más honesto que el resto de las personas. Un fiscal tiene en sus manos la potestad de privar a una persona de su bien más preciado, después de la vida, que es la libertad. Los fiscales tienen que ser ejemplo, más cuidadosos que cualquiera, donde quiera que estemos debemos ser motivo de referencia positiva, no estar expuestos a cuentos y dudas.
—En términos personales, ¿alguna vez ha experimentado la frustración de saber que alguien es culpable de un delito de corrupción y no haber podido o no haber logrado imputarlo o que sea condenado?
—No, hasta ahora no.
—Los esfuerzos que se hacen en las instancias de la Contraloría, el CICPC y el Ministerio Público desembocan finalmente en los tribunales y hasta allí llegan en muchas oportunidades. ¿Cómo se está trabajando para evitar eso?
—No puedo responder por algo que sale de la esfera del Ministerio Público. Es una pregunta que puede responderla la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (Gladys Gutiérrez).
—En la Contraloría General de la República suelen afirmar que no hay corrupto público sin corruptor privado. ¿Cómo se avanza en el esfuerzo por castigar también al particular que induce al funcionario a cometer irregularidades?
—Hemos trabajado también en eso, aunque yo creo que sí hay delitos que no tienen nada que ver con los particulares, sino que son exclusiva responsabilidad del funcionario público. En las investigaciones que hemos podido llevar a feliz término, también hemos sancionado a los responsables que no son funcionarios. Tenemos, por ejemplo, el caso de los banqueros. El Ministerio Público hizo un trabajo a fondo y hay como 14 o 15 prófugos de la justicia. En ese caso, los medios privados de comunicación ya no reclaman castigo, sino que se dedican a atacar al Ministerio Público.
EL CASO BOCARANDA (INTER)
—El periodista Nelson Bocaranda y algunas organizaciones gremiales dicen que citarlo a declarar ante una fiscalía del Ministerio Público es una forma de persecución política. ¿Qué les responde?
—Él ha sido citado porque a través de su Twitter, red social en la que él tiene un número considerable de seguidores, hizo una afirmación sobre la presencia de urnas de votación en un Centro de Diagnóstico Integral. Lo que queremos saber es cómo le constaba a él que eso estaba ocurriendo. Uno tiene que ser responsable en lo que hace. Si eres médico, en el ejercicio de la Medicina; si eres abogado, en el ejercicio del Derecho; si eres periodista, tienes que ser responsable en el ejercicio del periodismo. Si eres un periodista que tiene una tribuna privilegiada para comunicarte con muchas personas, tienes que informar verazmente porque una información puede generar crisis o conflictos en la sociedad. Vale recordar el caso de las etnias tutsi y hutu, en Ruanda, donde a través de mensajes de una emisora de radio se provocó una de las peores masacres en la historia de la humanidad, y los directivos de esa emisora fueron sancionados por una Corte Penal Internacional ad hoc. Esa decisión nos dice que un comunicador debe ser responsable con los llamados que haga y sincronizar el cerebro con el dedo a la hora de tuitear una información.
EL ESPIONAJE
—Dos de los últimos escándalos políticos, el de Mario Silva y el de María Corina Machado, se basan en conversaciones privadas. ¿Está vigente la ley que sanciona a quien difunde ese tipo de diálogos? ¿ Para probar un delito, se pueden utilizar en un juicio los contenidos de conversaciones obtenidos de esa forma?
—Estos dos hechos están siendo investigados. El del audio que se atribuye a Mario Silva, lo investiga la fiscal 21, Gineira Rodríguez; y el de la diputada Machado, la fiscal 37, Emilce Ramos. Si en los contenidos hay delitos o no, corresponderá a ellas determinarlo, de acuerdo a lo que arroje la investigación. He recibido avances, pero no quiero adelantarme. Hemos hecho experticias de coherencia técnica, cuando tengamos los resultados daremos la información.
—¿Pero, la ley que se aprobó hace algunos años contra las interceptaciones telefónicas, sigue vigente o fue derogada?
—Sigue vigente, pero es que cuando recibimos un audio no podemos, de entrada, decir que es ilegal. Eso también es parte de la investigación.
—Han pasado dos años y Julián Conrado sigue privado de libertad. ¿Qué va a pasar con él?
—Nosotros emitimos ya opinión y está consignada ante el Tribunal Supremo de Justicia, eso ya salió de la esfera del Ministerio Público y corresponde al Poder Judicial pronunciarse al respecto.
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Con las endorfinas aceleradas
De esa gente que procura que cada cosa esté en su punto, dice el refrán que “le gustan las cuentas claras y el chocolate espeso”. Así es la vallepascuense Luisa Ortega Díaz, quien se preocupa por tener siempre a mano los números precisos y cree firmemente en las virtudes reanimadoras del chocolate. “Tiene un componente que activa las endorfinas, y con este trabajo tan estresante es bueno tenerlas aceleradas”, afirma, mientras solicita que traigan una doble ración: torta de chocolate y chocolate caliente.
Ortega, abogada egresada de la Universidad de Carabobo y posgraduada en las universidades Santa María y Católica Andrés Bello, afirma que uno de sus empeños es que su gestión en el Ministerio Público sea auditable. “El día que me vaya y quieran revisar lo que sea, que lo encuentren. Tendrán que admitir que hemos avanzado mucho porque aquí había fiscalías que tenían a su cargo 30 mil investigaciones. Hoy, todavía hay algunas con 3 mil investigaciones, pero mi aspiración es que ninguna tenga más de 500”, expresa.
Pintora en sus escasos ratos libres, la fiscal encuentra también –cabe suponer que a punta de chocolate- tiempo para escribir artículos de opinión en los diarios Correo del Orinoco y Últimas Noticias y, desde hace dos meses, para atender su cuenta en Twitter (@lortegadiaz). “Me parece una gran herramienta para llegarle a la gente, informarla y darle orientaciones -comenta, saboreando la torta-, no para cargarla de angustia y de rumores”.
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Litigios en el foro público
> “El diputado (Richard Mardo) desarrolla una campaña en la que aparece como un Robin Hood. Pero no ha negado los elementos que lo vinculan con la comisión de un hecho punible. Un funcionario público no puede recibir dinero, ni siquiera para obras sociales. Todo lo que reciba una persona, funcionario o no, debe ser declarado. No hacerlo es defraudación tributaria y tiene pena de cárcel. Además, por normas incluso internacionales, hay que reportar el origen de las riquezas, sobre todo si son súbitas. Nadie puede manejar grandes sumas de dinero si no da cuenta de su origen, pues se presume que provengan del tráfico de drogas, el blanqueo de capitales o el financiamiento al terrorismo. Si recibes donaciones, tienes que declararlas y pagar unos impuestos que, por cierto, son más altos que los de otros ingresos. Yo no puedo decir que, como soy fiscal y me gusta ayudar a la gente, recibí una plata y se la di a los pobres. Tiene que ser con papeles”.
> “Con los derechos humanos le tienen montado otro ataque al Estado venezolano. Acá tenemos un laboratorio, la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Es única en el mundo. ¿Hubiese creado ese laboratorio si no tuviera interés en investigar casos de derechos humanos?”
> El ex candidato Henrique Capriles dice que ningún caso del 15 de abril tuvo móvil político. La fiscal responde: “Veamos ejemplos: un conductor de camión arremetió contra una concentración que celebraba el triunfo del presidente Maduro. Hubo once heridos y dos muertos, ambos niños. Están los casos de La Limonera y Cumanacoa. En total, hubo nueve fallecidos y 107 lesionados, algunos graves. Esa investigación no ha terminado, pero ya hemos acusado a ocho personas y tenemos 30 privadas de libertad”.
CLODOVALDO HERNÁNDEZ / CIUDAD CCS
FOTOS YRLEANA GÓMEZ
