Los datos de las víctimas surgen de la investigación y la desclasificación de documentos encontrados en los archivos de los tribunales militares y de los centros de operaciones de la extinta Dirección General de Policía (Digepol), informó este domingo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en entrevista concedida al programa José Vicente Hoy, transmitido este domingo por Televen.
Se trata de «víctimas de terrorismo de Estado, porque era una política de Estado sostenida, sistemática, planificada; todo un plan para atacar la disidencia política», señaló Ortega.
La Comisión por la Justicia y la Verdad fue creada en febrero de 2013 tras la aprobación —en 2012— de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998.
La instancia surgió con el fin de avanzar en las investigaciones sobre los hechos de violaciones de derechos humanos y delitos ejecutados por motivos políticos contra luchadores sociales e identificar y sancionar a sus responsables.
La fiscal mencionó que el trabajo de la Comisión, de la cual forma parte, ha encontrado documentos que dan cuenta de la conclusión de cientos de investigaciones que nunca se hicieron, sino que más bien fueron terminadas de manera apresurada, sobre todo en el año 1998, luego que el comandante Hugo Chávez ganara la presidencia de la República.
Para entonces «no había una sola investigación, sino que todas las investigaciones que se iniciaron, en aquellos casos que se iniciaron, inmediatamente la cerraban, declaraban la averiguación terminada, porque (decían) no había nada que investigar, no había delito. Entonces, llama mucho la atención que durante esa época se produjeran eventos tan graves, denuncias tan graves, desapariciones, como el caso de Víctor Soto Rojas, quien fue lanzado de un helicóptero», y no se realizaran las investigaciones pertinentes, rechazó la fiscal.
Reivindicación a las víctimas
Asimismo indicó que esa realidad fue transformada desde 1999, cuando el Estado venezolano asumió el compromiso de reivindicar a las víctimas, y colocó como base fundamental el respeto a los Derecho Humanos en la Constitución Bolivariana.
Hay un contraste de lo que pasaba en el pasado reciente y en la actualidad, donde está erradicada la política y la orientación que signó los gobiernos de la cuarta República, acotó la fiscal.
«En el caso de que se violen los Derechos Humanos actualmente, lo vamos a investigar. Esa es la diferencia que hay, y no importa quién cometa la violación va a ser sancionado», subrayó, y agregó que en la actualidad cuando se determinan delitos que violan los derechos humanos, en general se trata de individualidades que infringen las leyes de Estado.
La fiscal general de la República indicó que en ese sentido el Ministerio Público, desde enero a mayo de este año, ha imputado a 229 funcionarios por violación de derechos humanos y ha emitido 242 acusaciones sobre 344 personas.
Igualmente, 72 personas fueron privadas de libertad, mientras que otras 15 ya recibieron condenas. «Esto contrasta con la cuarta República», subrayó y dijo que los trabajos realizado por el Ministerio Público en materia de Derechos Humanos además han sido expuesto ante los organismos internacionales
