Los países de la Unión de Naciones Suramericanas avanzan en la creación de un Centro de Solución de Controversias en Materia de Inversiones, mediante una reunión de expertos de alto nivel que sesiona en Quito.
Desde este martes, y hasta el próximo viernes, los expertos de la Unasur debaten sobre el referido tema en el salón de los Próceres del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, reseña una nota de prensa de la Cancillería de ese país.
El evento fue inaugurado por el vicecanciller ecuatoriano, Leonardo Arízaga, quien manifestó que para Ecuador las reuniones de este grupo de trabajo son especialmente importantes, puesto que la idea de la creación del Centro Regional de Solución de Controversias fue de Ecuador, país que la planteó en el 2008.
Arízaga señaló que ese centro de la Unasur sería un espacio alternativo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, del Banco Mundial.
Explicó que América del Sur es la región que acumula un mayor número de litigios abiertos en tribunales extra-regionales de arbitraje y, frente a ello, la única respuesta sostenible es una salida grupal. Por ello, es necesario crear un centro solución de controversias alternativo a los actuales, con legitimidad regional, y en el que los Estados puedan confiar para la resolución de eventuales diferencias.
El vicecanciller señaló que el objetivo del encuentro es trabajar para crear una instancia especializada, independiente e imparcial para la solución de controversias en materia de inversiones, que mantenga un equilibrio entre los intereses del Estado y de los inversionistas.
Marco Albuja, quien actualmente ejerce por Ecuador la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Materia de Inversiones, manifestó que “nuestro principal objetivo es asegurarnos que los 12 países puedan usar este centro, para eso se pretende alcanzar estándares internacionales que compitan con el Ciadi y que este centro sea una alternativa que empresas y Estados escojan porque les da seguridad jurídica, no por obligación”.
AVN
