El desarrollo de la agricultura es fundamental para fortalecer la posición de Venezuela dentro del Mercosur, manifestó Jesús Cepeda Villavicencio, vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y experto en temas agrícolas.
“Dependerá de la habilidad de nuestros negociadores para extender el plazo de cumplimiento de algunas clausulas contenidas en el protocolo de adhesión que, si las aplicamos de inmediato, pueden afectar el desarrollo del agro venezolano. Los artículos 5 y 6 establecen que debemos bajar el arancel externo a cero a partir del 1 de enero de 2014”, dijo el parlamentario que realizó un doctorado en Ciencias Agrícolas.
Venezuela firmará el protocolo de adhesión pleno en Brasilia el 31 de julio de este año. Cepeda planteó la necesidad de ganar tiempo antes de aplicar algunas clausulas. Entre los argumentos que pueden plantear los negociadores venezolanos, propuso revisar el acuerdo de complementación económica que se firmó en 2004 entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, que daba un plazo de desgravación arancelaria hasta 2018.
“Si logramos que se consideren esos cuatro años adicionales, podríamos prepararnos mejor para adecuar los rubros sensibles del país al amplio mercado del Mercosur que lo componen más de 300 millones de almas. Si lo vemos así, podemos decir que hay una situación ventajosa”, expresó el ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela.
Superar esas asimetrías del agro venezolano respecto al bloque regional es una tarea urgente. Además de abaratar el costo de los alimentos obligará a los productores venezolanos a ser más eficientes. Asumir este reto, según el criterio personal del especialista en temas agrícolas, requiere la formulación y ejecución de un plan nacional agroalimentario a largo plazo.
LOS PILARES DE LA MESA
El plan está sustentado sobre grandes pilares para los 30 próximos años, de manera que se ajusten a los sexenios. La proyección del crecimiento de la población (primer pilar) es uno de los datos prioritarios para estimar la demanda de alimentos, la producción e importación requerida (variables del segundo pilar).
El tercer pilar son los énfasis de las políticas gubernamentales para impulsar la producción de rubros priorizados. El cuarto sería la infraestructura en términos de sistema de riego y vialidad agrícola. “Nosotros hemos incrementado en los últimos años de 100 a 190 metros cuadrados de área regable por habitante, aunque el promedio en América latina está por 600 metros cuadrados”, detalló Cepeda.
Las inversiones en proyectos agroindustriales y sistema de riego superan los 18 mil millones de bolívares. En vialidad se han realizado 11 mil kilómetros de caminos y carreteras, de un total de 80 mil kilómetros de los que dispone la nación, pero que fueron abandonados en los 90. “Es tan grande la deuda que el efecto positivo de la inversión realizada no es contundente. Igual pasa con el sistema eléctrico. De ahí la importancia de la planificación para que la gente vuelva al campo”, sugirió.
Venezuela tiene posibilidades de que los campesinos regresen a su trabajo, “es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo”, enfatizó el funcionario, al resaltar de inmediato que “nosotros tenemos un talento humano bien preparado en las universidad. Disponemos de más de 100 mil agrotécnicos para fortalecer estas políticas”.
La concepción del Gobierno del presidente Chávez es humanista, con un profundo contenido social, “de ahí la importancia de impulsar la agricultura familiar mediante el desarrollo de las parcelas, desprendida de la visión mercantilista, sino como una necesidad patria, no bajo la noción capitalista de competir con el agronegocio. Lo que se busca es elevar la oferta de alimentos”.
VISIÓN INTEGRAL
El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ratificó que los logros son producto de la gran inversión que ha realizado el Gobierno Nacional, como parte de la ejecución de una política agrícola concebida desde diversos ángulos para afianzar un desarrollo sostenible. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue como el vértice de un esquema legislativo que permitió afianzar una estructura institucional que había sido desmantelada progresivamente entre 1988 y 1998.
El modelo distorsionado que pretendía la industrialización del país en los últimos 50 años no tuvo respuestas adecuadas a la demanda de empleo de la población que venía del campo. “La agricultura se sustentaba en un grupo privilegiado que era receptor de la renta petrolera. No fue un sector que pudiéramos calificar de capitalista productivo”, recordó Cepeda.
Fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en sus artículos 305, 306 y 308, la que da rango constitucional a la agricultura. Se plantean dos conceptos correlativos: la seguridad y la soberanía alimentaria; esta última no es otra cosa que la capacidad de proveer de alimentos a la población.
La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, junto a la Ley de Tierras, sintetiza esos conceptos correlativos. “Lo que quiero significar, cuando te hablo de la Constitución, es que los cambios institucionales se inician al ser sancionada la Carta Magna”, planteó el también profesor universitario.
Cepeda identificó dos vías en el sector agrícola, dos opciones como caminos históricos. Uno tiene que ver con el mantenimiento de las políticas expansivas del gasto público para hacer crecer la agricultura, a sabiendas de que esto depende de la volatilidad de los precios del petróleo. La otra senda no excluye la primera, pero tiene como soporte una planificación de mediano y largo plazo, formulada sobre las grandes debilidades y potenciales fortalezas del sector agroalimentario.
AVANCES CONCRETOS
En los últimos 10 años se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, que pasó de 1.803 millones en 1988 a 2.330 millones de bolívares en 2010. También se observó que la superficie cosechada se incrementó de 1,6 millones de hectáreas a 2,4 millones de hectáreas, en el mismo periodo.
“Estos cambios fueron posibles al incremento de la inversión en la agricultura. Eso nadie lo puede negar, aunque eso no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas. Los datos concretos son que la disponibilidad de alimentos pasó de 478 kilogramos por persona/año en 1999 a 615 kilos por persona/año en 2010”, destacó.
Cepeda dijo que si bien es cierto que parte de este aumento del consumo tuvo que ser suplido con la importación de alimentos, es innegable que el Gobierno Bolivariano ha realizado un rescate de tierras ociosas. Se han recuperado más de 5 millones de hectáreas para incorporarlas al ciclo productivo.
El Gobierno se vio en la necesidad de nacionalizar a Agroisleña porque era un monopolio que controlaba 70% del circuito agroalimentario del país y era necesario ponerlo al servicio del pueblo mediante Agropatria.
“Si ese uso ha sido eficiente o no, debe ser objeto de un análisis objetivo”, dijo e inmediatamente argumentó, con cifras, más logros bolivarianos: “Entre 1988 y 1998 la cartera agrícola disminuyó en 92%. Es parte del desmantelamiento, como te citaba. En los últimos 10 años los créditos al sector crecieron más de 800%. La banca pública se incrementó más de 3 mil por ciento”.
Además del financiamiento para fomentar el desarrollo agrícola, las políticas del presidente de Chávez han reconstituido el parque de maquinarias dentro de los convenios binacionales que contemplan la transferencia tecnológica. “Tenemos fábricas de tractores y cosechados que pasarán de la fase de ensamblaje a la fabricación. Es uno de los principales retos”, planteó el diputado.
Venezuela también avanzó en el plan nacional de certificación de semillas y estimuló las empresas de propiedad social. Se intensificó la sanidad agrícola y se eliminó la pesca de arrastre en la nueva Ley de Pesca. “Es un hecho notario el mejoramiento de los trabajadores del campo y el impulso de la agricultura urbana y periurbana”, enumeró Cepeda.
PROFUNDIZAR DE PLANIFICACIÓN
Cepeda reconoce fallas de organización y planificación en el desarrollo de las inversiones agrícolas, las que han afectado, en parte, su efectividad. Los procesos no se han llevado de manera integrada. Se requería de una base organizativa de los productores, una oferta segura de la producción, una capacidad de procesamiento de la agroindustria y una infraestructura de distribución.
El entramado no ha funcionado a la perfección, pero hay logros. La red de distribución pública cubre 35% del total, el resto es privada. “Eso quiere decir que la mayoría de la distribución de alimentos del país está en manos del sector privado, lo cual es mentira que el Gobierno de Chávez acabó la empresa de los particulares”, insistió.
La planificación de la agricultura pasa por proyectar la oferta de alimentos para los próximos 6, 20 y 30 años. Para suplir esa demanda, el socialismo bolivariano debe ser más eficiente y productivo.
“Para lograrlo necesitamos profundizar, como ya te dije, aún más, la planificación con miras a incrementar la oferta nacional y controlar el demonio de la inflación, que en el caso venezolano es un fenómeno importado. El incremento de la producción bajará los precios, es un camino viable y para lograrlo tenemos que llamar a todos los factores nacionalistas que les preocupa el país, para que trabajemos mancomunadamente”, argumentó.
El país dispone de todos los recursos para avanzar, desde las tierras, financiamiento, la energía, agrotécnicos y, lo que es más importante, la intención política del Jefe del Estado que cree en la agricultura y hace lo humanamente posible por concienciar sobre la necesidad de desarrollar el agro. “Esta es una de las grandes fortalezas que tiene el Gobierno que lidera el presidente Hugo Chávez”, concluyó el parlamentario.
DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS
Hace un mes atrás el diputado Jesús Cepeda Villavicencio presentó en el Museo Boliviano, ubicado en la esquina de Pajaritos en Caracas, el libro La agricultura venezolana, desafíos y perspectivas, un análisis académico de los antecedentes, la situación y el futuro agroindustrial del país.
Consustanciado con la construcción del socialismo del Gobierno Bolivariano, el profesor universitario defiende la política agrícola del presidente Chávez y plantea la necesidad de elaborar un plan de largo plazo para el sector.
Cepeda considera que el actual momento requiere de categorías precisas que le den un carácter histórico al debate. La condición patriota o antipatriota planteada por el presidente Chávez apunta en esa dirección. Son dos categorías socieconómicas, sostuvo.
“Si avalo las desregulaciones, la liberación de los mercados o las políticas que dicta el Fondo Monetario Internacional (FMI), todas estas medidas son contrarias a la concepción de soberanía y de patria. Mientras que la actitud opuesta, defensora del Estado, la integración bajo parámetros que vayan más allá de lo mercantil tiene que ver con el proyecto liberador del presidente Chávez”, sostuvo el diputado del PSUV.
Correo del Orinoco
